En políticas de comunicaciones el gobierno de Macri ya mostró sus intenciones. Comenzó con el DNU de modificación ministerial, que superpuso ex profeso competencias a las leyes debatidas y vigentes de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y Argentina Digital (27.078). Siguieron una serie de declaraciones, ratificadas mediante operación de prensa publicada en La Nación ( 20 de diciembre), que adelantan otro Decreto de Necesidad y ¿Urgencia? que descabezaría la  AFSCA y la AFTIC, organismos colegiados.
El antecedente fue el COMFER, diseñado por el Decreto-Ley 22.285 de 1980, la Ley de Radiodifusión de la dictadura cívico-militar. Allí regulador y regulados compartían un directorio que incluía, además de tres militares, a dos funcionarios del Ejecutivo y un representante por cada patronal de Radio y TV. ¿Qué opinarán los organismos de la sociedad civil y las minorías parlamentarias que sean invitadas u obligadas a formar parte por el DNU? ¿Estarán representados los  trabajadores, las universidades, los representantes de las provincias, los pueblos originarios, los distintos tipos de medios? ¿O darán lugar a ONG como las creadas para litigar contra las tarifas del cable o contra la LSCA? ¿Quiénes serán los cómplices que vienen dialogando hace meses?
Este decreto nacería de culo, emanado por un Ejecutivo con plenas facultades para convocar a sesiones extraordinarias. No existen razones que puedan avalar tal ilegitimidad de origen para cargarse a dos organismos creados por leyes del Congreso con apoyo popular.
El Estado Nacional utilizó el procedimiento de elaboración participativa de normas para reglamentar la LSCA y el servicio de Televisión Digital (Decreto 2456/2014 y resoluciones AFSCA). Instituciones como CABASE pidieron un accionar similar para la reglamentación de Argentina Digital. No hay razones para aceptar de buena fe la vulneración de procedimientos democráticos.
Esperamos el repudio de empresarios, sociales, políticos y académicos vinculados a las comunidades de la gobernanza de Internet y defensores de los valores y los principios de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y de aquellos "republicanos" que habían criticado por su trámite a la Ley Argentina Digital.
Este potencial decreto, anunciado con alevosía, tiene la trampa de cualquier DNU: puede ser aprobado o rechazado pero no modificado, altera de facto al ordenamiento político-jurídico y nos retrotrae a épocas anteriores a Alfonsín, a las que nunca debemos volver.
Podrían cambiar, pero nunca atropellando. «
* Docente e investigador,
Facultad Ciencias Sociales - UBA
** Area Comunicación Iniciativa Sur