domingo, 10 de enero de 2016

Despidos, como arma política

Les aclaro de entrada -lo aviso en el título- que voy a escribir solamente sobre los despidos en el Estado como una decisión política. Por eso subí esa expresiva imagen que preparó Despidómetro, a quienes pueden seguir en Facebook y en Twitter, porque sin duda tendrán que actualizarla.

No me voy a referir, entonces, a un tema que toqué algunas veces en el blog y del que sigo convencido: que el derecho a un trabajo, con estabilidad, protección legal y sanitaria, debe ser tan reconocido como el derecho a la vida o a la educación básica, si queremos tener una civilización humana. Pero eso requiere una transformación política, económica y social tan profunda que no corresponde trivializar en una coyuntura.

También cabe reconocer -más allá de las consignas políticas- que estos despidos son una parte menor del problema laboral. Decisiones de política económica erradas -o deliberadas- hacen perder muchos más empleos que cualquier intendente o director arbitrario. Por eso es difícil que -salvo UPCN, ATE, municipales y otros gremios estatales- el sindicalismo en su conjunto los tome como bandera.

El punto que no debemos perder de vista es que son una bandera. Una bandera positiva para el nuevo oficialismo. La prueba -por encima de declaraciones altisonantes de intendentes y algún gobernador- es el Decreto 254/2015 del Presidente Macri del 24/12/15 (víspera de Navidad), que en su artículo 2° dice:

"Instrúyese a los Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar en un plazo no mayor a TRES (3) meses computados a partir del presente decreto, las designaciones efectuadas por procesos concursales de personal de dichos Ministerios u organismos, durante los últimos DOS (2) años computados desde la vigencia del presente, con el propósito de analizar su legalidad, y en particular el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado y los antecedentes presentados por los postulantes".

Los abogados discutirán si no es violar derechos adquiridos a través de un procedimiento legal formalizado (y ganarán buenos honorarios en los correspondientes juicios). Otros, más reflexivos, pensarán si todos los concursos no deberían ser revalidados periódicamente en principio, incluso los de los jueces, profesores títulares y hasta algún ingeniero. Lo que se señala aquí es que, en términos políticos, éste fue una señal explícita desde la Presidencia que todos los nombramientos en 2014 y 2015 eran blancos legítimos.

La vice, Gabriela Michetti, lo interpretó así y subió la apuesta. Los 2035 contratos que dio de baja en el Senado no eran de personal que había entrado en la gestión Boudou. Eran los que Boudou "incorporó a planta"; la mayoría de ellos revistaba allí desde mucho antes, con los contratos provisorios que son una práctica común (y deleznable) en el Estado.

Era de esperar que en algunos municipios el tema se manejase con más brutalidad, en la tradición de las policías bravas. Lo que por suerte despierta rechazo en la mayoría de nuestra sociedad (no en todos).

Pero el peronismo y sus aliados deben tener claro que los votantes de Macri, y hasta bastantes de los propios, aunque no aprueben de escopetas y palazos, están de acuerdo en que se despida a los "ñoquis". Y un largo proceso de demonización del empleado público -que los sindicatos del sector no se han esforzado en combatir- hace fácil aceptar la acusación. Especialmente para el nuevo oficialismo, cuando recae sobre los "del otro lado". Después de todo, son multitud en el PRO y en el radicalismo que esperan ansiosos los cargos que "les corresponden".

Y es fácil de notar que a los que se muestran más indignados en los medios por "la práctica corrupta de los nombramientos por política" no se les ocurre cuestionar los contratos y prebendas que reciben por su "militancia" periodística o digital.

Porque el punto que me interesa hacer aquí no es que en el Estado falta personal. Es evidente que necesitamos más, y mejor entrenado (las fuerzas de seguridad son uno de los casos evidentes). Carlos Tomada, Chequeado y comentaristas del blog han demolido los mitos más frecuentes, y les invito a seguir los enlaces.

Lo que encaro en este posteo es que el empleo público es, también, uno de los objetivos legítimos y necesarios de todas las fuerzas políticas que funcionan en una sociedad moderna. Y no tan moderna: viene de siglos atrás. Max Weber, entre otros, ha estudiado en profundidad el tema.

Por supuesto, esto tampoco es nuevo en Argentina. Sus partidos políticos han disputado cargos y recursos en el Estado, como en todos los paises donde hay un Estado, mucho antes que surgiera el peronismo. Si algo se puede remarcar de la etapa institucional que empieza en 1983, es que no se avanzó -bah, se retrocedió- en la otra faz del Estado, la de formación y conservación de los funcionarios de carrera, que son su memoria y su continuidad.

El peronismo, debemos reconocerlo, no ha aportó para ello, comparado con lo que hizo en su etapa fundacional (Es cierto que Alfonsín y De la Rúa, a pesar de las buenas intenciones del primero, aún menos). Las privatizaciones y los "retiros voluntarios" de los años de Menem nos privaron de muchos cuadros valiosos. El kirchnerismo mantuvo por mucho tiempo el sistema de concesionarios que había heredado del menemismo y, salvo en ciencia y tecnología, no hizo un esfuerzo en formar nuevos.

Y en los últimos años directivos puestos por La Cámpora echaron o maltrataron funcionarios en las áreas que controlaban, ganándose odios. Sé de muchas reparticiones que en las semanas previas al 10/12 aparecían todos los días pintadas "La Cámpora se va…" (Sé también de infinidad de casos en que respetaron capacidades y aún acuerdos políticos, pero -como decía creo Maquiavelo- los hombres tienen mejor memoria para las injurias que para los favores).

Como sea, esas actitudes sirvieron de pretexto -mucho no es necesario, en una sociedad con el odio fácil- para esta ofensiva que vivimos. Donde no sienten necesario establecer si trabajan o no; basta con el origen del nombramiento. Llamo a reflexionar -si no es muy tarde- sobre el daño que se está provocando a la convivencia argentina.

Porque esta actitud legitima las futuras represalias de los ofendidos hoy, y de los que hagan causa con ellos ¿Se puede creer que nunca triunfará una oposición a Macri tan enconada como esta administración lo está con el kirchnerismo? Solamente el promedio de edades garantiza que formarán parte de las futuras administraciones. Y se sentirán justificados, a su vez, para tomar medidas arbitrarias y persecutorias.

No es un futuro agradable de imaginar para los argentinos, salvo para los idiotas que creen que alguna vez podrán parar la rueda de la historia.

(Dada la sensibilidad del tema -trata del trabajo de seres humanos- está nota está cerrada a comentarios, excepto los que aporten datos concretos. Lo hago también como ensayo, porque estoy un poco harto de moderar hinchadas que confunden dónde está el campo de juego).

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