domingo, 17 de enero de 2016

El trasfondo de los ilegales decretazos de Macri (I)

bye Francisco Javier Llorens

Rey-Magnetto3

Hacerle la corte a Magnetto, el control de la Justicia, la cuestión con las provincias, y los fondos buitres

Según propia confesión, el ilegal decretazo respecto la Corte Suprema fue inspirado por el abogado personal de Mauricio Macri y del grupo CLARIN, de más que dudosos antecedentes, Fabián Rodríguez Simón. De esa manera el grupo CLARIN procuró introducir a su abogado Carlos Rosenkrantz en la Corte, además de los compromisos que puede haber asumido al respecto Horacio Rosatti con su anómala designación.

Asimismo, para cumplir con el pago del botín electoral al grupo CLARIN, que fue un factor clave para la llegada de Macri a la presidencia, y con vistas a garantizarse una coraza mediática durante su gobierno, paralelamente Macri dictó una embrollada maraña de sucesivos decretos, subordinando el AFSCA y AFTIC al ministro Aguad, interviniendo y descabezando luego esos entes, y disolviéndolos posteriormente mediante modificar las leyes que los crearon. Con los que introdujo un premeditado caos en la legislación existente en contra de CLARIN, para al menos hacerla inaplicable hasta que en las elecciones del 2017 se revierta la composición del Congreso.

Motivado por la razón de necesidad y urgencia que enfrenta ese poderoso grupo, en relación con la ley de Medios, al vencérsele en estos días las cautelares que había interpuesto para evitar su división, y ante la imposibilidad de introducirle cambios a esa legislación, por la composición actual del Congreso. Caos que en última instancia será zanjado en la Corte Suprema, pero que difícilmente volverá a la situación  previa que complicaba la existencia del grupo CLARIN. Pero esto es solo parte de un gran plan para empoderar al macrismo, con vistas a ganar las elecciones de medio término, y conseguir la reelección en el 2019.

Contenido: Pepín, Macri,  y el grupo CLARIN  Carlos Rosenkrantz, el abogado del grupo CLARIN  El derecho a botín de CLARIN y el triple ataque a la Ley de Medios La subordinación del AFSCA y AFTIC  La intervención del AFSCA y AFTIC  La disolución del AFSCA y AFTIC  El pago al contado contra entrega de los servicios de CLARIN  El contenido del decreto escrito para ¿o por? el grupo CLARIN

Pepín, Macri,  y el grupo CLARIN

Diversos diarios publicaron que el mentor del decretazo que designó a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como ministros de la Corte Suprema, que sorprendió  incluso a la cúpula de Cambiemos, fue el abogado Fabián Rodríguez Simón, asesor personal de Macri, alias "Pepín". Especialista en chicanas y picardías procesales basadas en burlar la ley, llegó incluso a afirmar que el decreto "podría haber sido más prolijo, pero no es antijurídico… Yo no creo en el espíritu de la norma, creo en la letra."

Pero lamentablemente en este caso, la letra de la ley no dice lo que trata de hacerle decir Pepín. Ni el inciso de la constitución que habla de "empleos", y no de "magistrados", que quedó claro con la reforma de la Constitución de 1860. Y que además se refiere a  "vacantes producidas durante el receso", y no en cualquier momento, y menos aún si ya existe un trámite para su cubrimiento. Ni tampoco el decreto ley del dictador Aramburu citado inusitadamente por Pepín y Macri, que ominosamente se refiere al receso de facto del Congreso por efecto de un golpe militar, y por ende a otra duración de la designación en comisión.

Y ni hablar de la actual jurisprudencia de la Corte Suprema, que dice que en manera alguna se puede evitar la previa convalidación del Senado, para ejercer como ministro de ella, aunque sea transitoriamente. No obstante como si hubiese descubierto la pólvora, Macri dijo que "era una facultad del presidente que no era muy conocida, pero existe y es constitucional". Y por ello premió generosamente a Pepín, nombrándolo director de YPF, pese estar procesado penalmente como se detalla más adelante.

Ver La ostensible ilegalidad del decretazo con el que Macri avanzó sobre la Corte Suprema

Pepin fue además el mentor del mamarracho judicial protagonizado por el fiscal Jorge Di Lello y la jueza Maria Romilda Servini de Cubría, quienes evidenciando desconocer la aritmética elemental, impidieron a la presidenta saliente Fernández de Kirchner cumplir con los cuatro años de gobierno que marca la Constitución, restándole doce horas al mismo. Al ordenar en una medida cautelar pedida por Macri y Gabriela Michetti con el patrocinio de Pepín, que su mandato debía cesar a las 24 hs del día anterior al que asumió. Consagrando así un paréntesis presidencial por algunas horas no previsto por la Constitución, a cargo de un presidente provisorio.

No obstante que tanto el viejo como el nuevo Código Civil, dicen que los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha, o sea del 10 al 10 de diciembre. Y si no está determinada, la hora vence a las 24 hs de ese día, teniendo como límite la hora que toma juramento al nuevo presidente. Este notable antecedente producido antes de asumir, seguido por el despido del escribano general de Gobierno Natalio Echegaray, que opinó de esa manera al respecto y ocupaba ese cargo desde 1983, resultó en consecuencia indicativo de lo que inusitadamente vino después.

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