Promovemos la creación de la "Red Argentina de Defensa del Trabajo y la Producción Nacional"

A partir de una propuesta que surgió del debate en nuestro centro de estudios, y con el aporte conceptual de referentes de otras instituciones, organizaciones y movimientos, hemos avanzado en  la redacción de una Declaración que alerta sobre las amenazas concretas que constituye la apertura económica y la liberalización comercial impulsadas por el gobierno nacional. Asimismo propiciamos la creación de la Red Argentina de Defensa del Trabajo y la Producción Nacional.

Para ello, realizaremos el próximo miércoles 6 de abril a las 19, una reunión de trabajo en Bartolomé Mitre 1865 entrepiso 1 (CABA). Creemos que el Congreso Nacional debe ser uno de los ámbitos en donde se abra la discusión sobre los peligros para el trabajo y la producción nacional que representan esas políticas promovidas por el macrismo.

La RED ARGENTINA EN DEFENSA DEL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN NACIONAL es una iniciativa impulsada por un  conjunto de organizaciones y referentes representativos de los ámbitos laboral, empresarial, académico, político, social y cultural de la República Argentina y de países hermanos de nuestra región. Buscamos  abrir el debate sobre las implicancias de la adhesión a diversos acuerdos de libre comercio en el marco de la desinformación y secretismo que rodean las negociaciones de liberalización económica y comercial impulsadas el Poder Ejecutivo Nacional.

A partir de 2003, tras largos años de neoliberalismo, recuperamos en la Argentina la aspiración de transitar nuevamente el camino de la industrialización y el desarrollo tecnológico autónomo. La economía nacional se alineo tras ese objetivo por más de una década, promoviéndose el encadenamiento de los procesos de producción primaria con los de desarrollo industrial. El comercio interno y exterior, y la economía de servicios en buena medida se adaptaron a esa orientación industrialista impulsada por el Estado. El fortalecimiento del mercado interno, la ampliación del mercado regional a través del Mercosur y el establecimiento de mecanismos de protección a la producción nacional mediante políticas de sustitución de importaciones han reconfigurado a la economía argentina. La estrategia de inserción comercial desde la concepción de un mundo multipolar permitió avanzar en importantes articulaciones económicas, comerciales y financieras con países de distintas regiones del mundo, entre otros los BRICS.

La nueva orientación del gobierno nacional que asumió en diciembre de 2015 propone la desarticulación de ese modelo de producción y trabajo. La concreción de esas orientaciones pulverizará  cientos de miles de puestos de trabajo y llevará al concurso y la quiebra a pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto ya está ocurriendo como efecto de la salvaje devaluación, la consecuente disparada de la inflación y la recesión creciente. Es de prever que esta tendencia se profundice cuando las medidas de apertura comercial acentúen el proceso recesivo.

Son múltiples las expresiones de preocupación que toman estado público como consecuencia del actual proceso de apertura económica y sus cada vez más evidentes efectos perjudiciales que tendrá para el trabajo y la producción nacional.

En ese contexto, genera especial inquietud el avance que registran distintas líneas de negociación tendientes al establecimiento de acuerdos de libre comercio. Al respecto, se pueden identificar posiciones críticas de diversa naturaleza: por un lado las de aquellos que señalan que tales negociaciones se caracterizan por su carácter confidencial y el consiguiente desconocimiento de la ciudadanía de sus contenidos y alcances, e incluso el desconocimiento y la reserva de información que se impone a los Congresos Nacionales hasta que los acuerdos ingresan al ámbito parlamentario para su ratificación. Quienes sostienen estas críticas reclaman información, transparencia y debate democrático.

Por otro lado, están los que plantean el total rechazo de este tipo de acuerdos, extendiendo la crítica más allá de los modos de la negociación, avanzando en el señalamiento de las consecuencias económicas, sociales y laborales nefastas que generan estos acuerdos para las economías nacionales, incluso en las grandes potencias que los impulsan. Tanto unos como otros alertan sobre las consecuencias que pueden acarrear este tipo de acuerdos.

Quienes promovemos y conformamos la RED sostenemos la necesidad de contar con información, generar el debate crítico, promover la toma de conciencia, movilizar a la ciudadanía en la defensa del trabajo y la producción y generar una resistencia efectiva a aquellas políticas y acuerdos que atenten contra el interés nacional.

Los procesos de negociación impulsados por el Poder Ejecutivo implican un categórico giro estratégico en el posicionamiento internacional de nuestro país que tendrá enorme impacto en las posibilidades y  condiciones de trabajo de amplios sectores de nuestra población y sobre la producción nacional, especialmente la industrial.  También otros sectores clave de nuestra economía,   como el de los productos agropecuarios y agroindustriales, pueden verse amenazados como consecuencia de la amplísima apertura comercial que genera ese tipo de acuerdos.

La República Argentina, como integrante del MERCOSUR, ha sostenido durante años una posición cuidadosa y responsable en la negociación entre nuestro bloque regional y la Unión Europea (UE). Los gobiernos argentinos han advertido que un acuerdo de libre comercio con la UE no puede hacerse sobre la base de la renuncia al propio proceso de reindustrialización que se puso en marcha, ni aceptando el alto nivel de proteccionismo que mantiene el bloque europeo en diversos sectores, especialmente el agrícola. Sin embargo, la confidencialidad impuesta a tales negociaciones ha despertado críticas, especialmente en los parlamentos regionales de ambos bloques. Desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno se ha registrado una clara decisión de impulsar la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el MERCOSUR y la UE, por lo que se impone la necesidad de prestar una especial atención a las negociaciones en marcha y de abrir el debate sobre el impacto que tendrá en nuestra economía nacional y regional.

Se suma a las negociaciones con la UE el declarado  compromiso de un TLC con los Estados Unidos, la perspectiva de integración al Tratado Trans Pacifico (TPP), y  la intención de flexibilizar el Mercosur para la convergencia con la Alianza del Pacífico y posibilitar acuerdos individuales con terceros países constituyen parte de la nueva agenda gubernamental que nos moviliza a proponer la iniciativa de constituir una RED en defensa del trabajo y la producción.

La promoción por parte de Estados Unidos de América y sus aliados regionales del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) constituye un antecedente a tener especialmente en cuenta ante esta renovada  ofensiva de los centros de poder global. Aquella experiencia generó la movilización de amplios sectores representativos de los pueblos de la región y de gobiernos, que coincidieron en priorizar los procesos de integración regional, logrando derrotar la  iniciativa de un TLC hemisférico.

La presencia e intervenciones Mauricio Macri  en la Cumbre de Davos; las declaraciones de diversos funcionarios en vísperas de la visita del presidente estadounidense Barack Obama a nuestro país; las declaraciones de la Ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra rescatando del olvido a la propuesta del  ALCA y aludiendo a que el Mercosur podría avanzar en un  TLC con Estados Unidos de América; el impulso dado por el gobierno nacional a la negociación del TLC MERCOSUR-Unión Europea; las declaraciones del Secretario de Comercio Miguel Braun expresando la  intención del gobierno de avanzar en negociaciones orientadas a que Argentina se integre al TPP, entre otros indicios,  confirman la nueva orientación.

En particular, la visita del presidente de los Estados Unidos Barack Obama a la Argentina alerta sobre el rotundo giro en la política exterior impulsado por el gobierno del presidente Macri. En gran medida, la política que encarna el poder ejecutivo puertas adentro es reflejo y expresión de una política exterior que, bajo la consigna de "volver al mundo", implica un realineamiento tras la potencia del norte y los organismos multilaterales de crédito.

Apertura económica, avance hacia los acuerdos de libre comercio y política de endeudamiento son la traducción en materia económica del nuevo posicionamiento geopolítico internacional que sostiene el macrismo. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas ya han dado pasos concretos en materia de desregulación del mercado financiero, el desmantelamiento de las medidas de protección del mercado interno frente a las importaciones y la creación de condiciones legales para posibilitar, tras un rápido trámite parlamentario, el pago a los fondos buitre y la habilitación de un nuevo ciclo de endeudamiento externo. En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores no disimula el avance de diálogos y negociaciones en el Mercosur para desbloquear las trabas a la celebración de acuerdos de libre comercio con terceros países, regiones y asociaciones de países. Estados Unidos, la Alianza del Pacífico, la Unión Europea y el Tratado Trans-Pacífico aparecen en el horizonte de concreciones que busca  el gobierno en materia de libre comercio. La Canciller Susana Malcorra se esfuerza en intentar calmar preocupaciones y ansiedades diciendo que lo que se está negociando llevará tiempo, una edulcorada forma de confirmar que ese es el destino al que se nos pretende llevar.

Frente a esta nueva realidad se impone la necesidad de promover y organizar la defensa del trabajo argentino y la producción nacional. La toma de posición en relación con la apertura económica, los acuerdos de libre comercio y el endeudamiento externo, y la constitución de una red de organizaciones y referentes que asuman la defensa de un modelo de desarrollo productivo empiezan a gestarse y aspiramos a que tengan resonancia en el Congreso Nacional.

Exigir al poder ejecutivo información veraz de los procesos de negociación, reclamar transparencia y debate democrático de los acuerdos que se concreten y conocer los alcances del endeudamiento exterior no puede ni debe ser una cuestión exclusiva de los legisladores cuando se apuran a último momento las ratificaciones parlamentarias. La participación de los potenciales afectados y de la ciudadanía en general debe ser garantizada de manera permanente por el espacio institucional de la representación popular en democracia, el Congreso Nacional.

Entendemos que es necesaria la participación ciudadana en este debate en toda la extensión de la geografía nacional a través de nodos de la red que impulsamos.  Convocamos entonces al trabajo conjunto en este sentido.