miércoles, 1 de junio de 2016

Time Warp:

 - DOCUMENTOS OFICIALES

 Las pruebas utilizadas para procesar a los funcionarios porteños

Por: Sebastián D. Penelli
Ámbito.com accedió a las Actas de Apertura y Cierre N° 19.439/16 del Dirección General de Fiscalización y Control que reflejan las irregularidades durante la Fiesta Time Warp.

El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a cinco funcionarios del Gobierno porteño por no controlar ni denunciar las irregularidades detectadas durante la trágica fiesta Time Warp de Costa Salguero, donde fallecieron cinco jóvenes.

Casanello los consideró "partícipes" de los delitos de comercialización de estupefacientes agravado, abandono de personas seguido de muerte e incumplimiento de deberes, aunque en realidad les endilga no haber suspendido la fiesta.

En su resolución, el juez advirtió que los funcionarios presentes en el lugar debieron haber clausurado el evento pero, en cambio, ni siquiera labraron un acta de infracción ante las numerosas irregularidades que hubo, como la venta de droga, el hacinamiento por exceso de personas, la comercialización de botellas de agua sin la correcta habilitación, el corte del suministro en los baños, la entrada de menores de edad y la falta de atención médica a los damnificados. 

Según los numerosos testimonios recolectados, para el juez hubo "una venta de drogas que se desplegaba en sus narices y con total normalidad" sobre los inspectores.

Los procesados son el gerente operativo de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Claudio Alberto Iacobaccio; el coordinadorFernán García Vázquez y los inspectores Pablo Germán Fontanellas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella. 

En línea con Casanello, el fiscal Federico Delgado los había acusado del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que recomienda sanciones que van entre un mes a dos años de prisión, por lo que puede ser excarcelable, pero no por la venta de éxtasis, cocaína, LSD y otras drogas. "Fueron infieles con los cargos con los que fueron honrados", definió Delgado. "La desidia a la hora de cumplir las tareas fue la regla de las autoridades locales en la Time", agregó el fiscal.

Según la documentación a la que accedió ámbito.com, se comprueba que Fontanellas, Herms y Cella fiscalizaron menos de lo necesario. El Acta de Apertura del Evento N° 19.439/16 revela que llegaron el viernes 15 a las 19 y terminaron su trabajo a las 21.35, leyendo el documento en voz alta ante las 20 personas que luego lo firmaron. En las entradas oficiales decía que las puertas se abrían a las 21.

La Disposición 4.543/DGHP/2016 firmada el director general de Habilitaciones y Permisos de la AGC,Diego Pérez Lorgueilleux, otorgó el permiso definitivo horas antes del inicio del evento. Ese documento, al que accedió ámbito.com, autoriza la realización de la fiesta en los pabellones 2, 3 y 5, pero en el Acta de Apertura posterior también se habilita el uso del 4 sin justificaciones.

La capacidad máxima establecida en la Disposición era de 13.000 personas. El reporte de ventas anticipadas de entradas firmado por Facundo González, de Dell Producciones S.A., ya anunciaba 10.700 entregadas. Según la AGC, la organización informó que a las 3 de la madrugada había 10.900 tickets cortados. Pero el juez Casanello confirmó que en el lugar había 20.490 personas, mientras que Delgado habló de 20.513.

En el inciso K del Acta de Apertura se dejaban en claro que "no se autorizaba el ingreso de menores de 18 años", pero esta ordenanza tampoco se cumplió: uno de los sobrevivientes atendidos en el Hospital Rivadavia fue Damián Sedeillán, de 17 años.

El artículo 7 de la habilitación de Pérez Lorgueilleux deja expresamente establecido que durante "todo el desarrollo del evento no podrá falta provisión de agua en los sectores de baños" y advierte que de"verificarse tal situación los agentes inspectores procederán a la inmediata clausura del lugar". Sin embargo, en medio de la fiesta las canillas de los sanitarios quedaron secas y la única manera de conseguir agua era comprarla en las barras. Para ese entonces, los organizadores subieron el precio de $ 40 a $ 80.

La Disposición 4.543/16 también exigió en el artículo 5 que el "expendio de agua deberá observar las previsiones del artículo 983 del Código Alimentario Nacional y Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 68/2007 y N° 196/2007". Sin embargo, se constató que el agua Block elaborada y envasada por Energy Group SRL, que pertenece a Andrea Fasano, pareja de Víctor Stinfale, y socia de Adrián Conci, cotitular de Dell Producciones, no figura en los registros de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ni en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL). 

Pero además, el agua "mineralizada artificialmente", según decía la etiqueta, se fabricaba en una planta ubicada en la calle Matheu 2975, de la localidad de San Justo, que no coincidía la dirección registrada en la municipalidad de La Matanza, donde se tramitó la habilitación en noviembre de 2015. Asimismo, al momento de la Time Warp, el producto todavía no había sido inscripto por la directora técnica como marca para ser comercializado. 

El Acta de Cierre N° 19.439/16 se comenzó a labrar a las 7.33 del sábado 16 de abril y se firmó a las 7.52. Allí, se incluye un breve Informe de Asistencia Médica y Derivación de Personas suscripto por los responsables médicos, el organizador de la fiesta y los inspectores procesados. En el espacio para identificar a los damnificados se escribió: "Se realizaron cuatro traslados, dos al hospital Fernández, dos al hospital Rivadavia. Se constata dos óbitos de lo cual intervino Prefectura". En los motivos de las derivaciones se agregó: "Secreto profesional".

Pero los reportes oficiales del SAME de esa noche hablan de al menos cinco damnificados que no fueron atendidos por el servicio de emergencia privado a cargo de las firmas SEMEC SA y SEC Socorrismo con 2 ambulancias, 5 médicos, 10 socorristas y un puesto sanitario dentro del predio. 

Dos las víctimas fatales fueron encontradas dentro de Costa Salguero. El uruguayo Martín Nazano, de 22, murió al ingresar a la Guardia del Fernández, mientras que Andrés Valdez, de 20, falleció en la Terapia Intensiva de ese centro de salud. En el Rivadavia perdió la vida Bruno Claudio Boni, de 20.

Los otros pacientes internados no declarados en el Acta de Cierre del Gobierno de Ciudad son Leandro Agustín Espinoza, de 19, Nicolás Laitán, de 23 años, y Micaela Soledad Polivoy, de 20, que también fueron al Fernández y el chico de 17 años, Sedeillán, que lo llevaron al Rivadavia. Nicolás Garzón, de 24, ingresó al Argerich y luego fue trasladado luego al Hospital Británico por pedido de su familia. Todos presentaban la misma sintomatología: compromisos cardiorrespiratorios e hipertermia con temperaturas de 42 grados. Ninguno fue antado por los inspectores.

En el procesamiento, Casanello trabó un embargo de $ 20 millones a cada uno de los funcionarios y dispuso en simultáneo la citación a indagatoria para el 14 de junio de Pérez Lorgueilleux. 

"El no haber avisado a las fuerzas de seguridad o a la Fiscalía de turno (de las irregularidades) pone de manifiesto su papel dentro del plan de los organizadores. El no hacerlo fue un aporte sustancial a los hechos", sostuvo el juez.

Desde el Observatorio de DDHH consideraron que la documentación "comprueba que existió una sugestiva y grave ausencia de los controles que debía llevar adelante el Estado porteño" y aseguran que esa ausencia "fue decisiva para permitir que el evento se desarrollara en condiciones que atentaron contra los derechos a la salud y a la vida de los asistentes".

Mientras avanza la investigación, la administración de Horacio Rodríguez Larreta abrió sumarios internos contra los procesados y desplazó a los inspectores de los controles callejeros al encomendarles tareas administrativas detrás de un escritorio. Todavía forman parte de la planta permanente.


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