martes, 13 de septiembre de 2016

Los nombres detrás de la campaña contra Rafecas



Aportado por: Dalton <daltonar@gmail.com>




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Diputados de Cambiemos, familiares de víctimas de la AMIA, ex-funcionarios de la Alianza, un camarista de La Plata, empresarios y abogados de represores unidos por un objetivo en común: remover a Daniel Rafecas, uno de los jueces que desestimó la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner.

Desde que llegó a los tribunales de Comodoro Py, Daniel Rafecas no pasó desapercibido. Sin embargo, no se podría haber imaginado que en menos de dos días sería el centro de dos solicitadas en los diarios de mayor tirada nacional: una destacando su formación, su independencia y su defensa de los derechos humanos y la otra pidiendo, nada más y nada menos que, su destitución por no haber dado curso a la denuncia de Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde Estados Unidos, Rafecas le dijo a Perfil que la solicitada en su contra era un "acto de presión brutal". Pero, ¿quiénes están detrás de esa movida a la que el mismo presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, le bajó el pulgar? Una mirada rápida permite identificar a la dirigencia de la AMIA-DAIA, ex-miembros del gobierno de la Alianza pero también a aliados de Mauricio Macri, representantes de los más importantes grupos económicos del país y a bufetes de abogados vinculados a la defensa de represores de la última dictadura.

El 14 de enero de 2015, Nisman entró temprano a la UFI-AMIA, sabiendo que ése podía ser el día más importante de su carrera. Sin embargo, no fue él a llevar la denuncia contra CFK y su canciller, Héctor Timerman, a quienes acusaba de haber usado el Memorándum de Entendimiento con Irán como un instrumento para garantizar la impunidad a los presuntos responsables del ataque terrorista a la AMIA en 1994. Nisman se preocupó por comunicarse con el juez Ariel Lijo, a cargo de la investigación sobre el encubrimiento a quienes detonaron la bomba en la mutual. Lijo estaba de feria y en su lugar estaba María Servini de Cubría, que rechazó tratar la denuncia durante la feria y le recomendó a Nisman acompañar la presentación con la evidencia. El 18 de enero, tan sólo cuatro días después de que presentara la denuncia que tenía en vilo al país, la conmoción fue total cuando encontraron a Nisman muerto de un disparo en el baño del departamento donde vivía.  Lijo apuró la vuelta. Analizó la presentación y declinó la competencia para investigar. El caso le llegó a Rafecas, quien el 26 de febrero desestimó la denuncia. Su decisión fue ratificada por dos de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. El fiscal Javier de Luca desistió su recurso ante la Cámara de Casación también.

La solicitada contra Rafecas se publicó tres días después de que los abogados que representan a las hijas de Nisman y de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado presentaran un recurso ante la Corte Suprema para que el tribunal decida si la investigación sobre la muerte del fiscal debe seguir en el fuero ordinario — como lo decidió la Cámara de Casación nacional — o en el federal, como reclaman ellos.  En el horario central de TN, Arroyo Salgado agradeció la solicitada en contra de su colega y dijo que Rafecas había enterrado la denuncia de su ex-pareja a cambio de favores.

La jueza reeditó así el argumento ensayado por la diputada Elisa "Lilita" Carrió en febrero del año pasado después de que Rafecas difundiera su fallo. Carrió — una de las dirigentes de la alianza gobernante Cambiemos — también se sumó al pedido de remoción de Rafecas. La líder de la Coalición Cívica viene denunciando desde el año pasado que el fiscal fue asesinado y que hubo una zona liberada en Puerto Madero. La teoría de Carrió — que figura en el expediente por la muerte de Nisman y que dio origen a otra causa que supo estar en manos de Norberto Oyarbide — es coincidente con la de la familia de Nisman.

En realidad, el primer pedido para que la causa por la muerte de Nisman pasara a los tribunales federales la hizo Pablo Lanusse, el abogado que representa a la madre del fiscal muerto y también firmante de la solicitada que reclama la destitución de Rafecas. La investigación tramitó en su mayor parte en la fiscalía de Viviana Fein, quien se jubiló poco después de que la jueza Fabiana Palmaghini decidiera mandar la causa a los tribunales de Comodoro Py. Fein protestaba que la maniobra para sacarle la causa vino después de una declaración testimonial de Waldo Wolff — diputado macrista y dirigente de la DAIA que había estado en contacto con Nisman antes de que lo encontraran muerto. Wolff es otro de los firmantes del texto contra Rafecas, a quien denunció ante Fein de haberlo amenazado.

Wolff no es el único referente de la comunidad judía molesto con Rafecas, especialmente después de que el mes pasado rechazara un nuevo pedido para reabrir la denuncia de Nisman. Mario Averbuch, cuya hija Yanina murió en el atentado, estaba dentro de los firmantes de la solicitada al igual que Luis Czyzewski. El abogado Juan José Ávila también se les sumó. Ávila los patrocinó en la presentación como querellantes en la causa contra Timerman que tramita ante el juez federal Claudio Bonadio y que es percibida por algunos sectores como la llave para reflotar la denuncia del ex-titular de la UFI-AMIA.

Al finalizar la feria, el abogado experto en denuncias Ricardo Monner Sans le pidió a Rafecas que declarara la nulidad de su resolución desestimando la denuncia de Nisman. El titular de la Asociación Civil AntiCorrupción no tuvo suerte en el juzgado 3. Esperó y también se sumó al grupo anti-Rafecas.

Ni la de Monner Sans ni la de los patrocinados de Ávila fueron las únicas maniobras para reflotar la presentación de Nisman. La sala I de la Cámara Federal tiene que reunirse el jueves próximo para ver si desarchiva la denuncia contra CFK, a quien el fiscal Germán Moldes acusó de traición a la patria por el acuerdo con Teherán firmado en 2013. En una entrevista radial con Jorge Lanata días atrás, Moldes también se despachó contra Rafecas, diciendo que su escrito desestimando la denuncia de Nisman probablemente había sido escrito en la Procuración del Tesoro, entonces a cargo de Angelina Abbona.
Pero no sólo de Nisman se trata la solicitada en contra de Rafecas.

Cuestiones de negocios

El rey de la soja — como se lo conoce a Gustavo Grobocopatel — también firmó la solicitadacontra el juez federal designado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Lo mismo hizo el tributarista Humberto Bertazza, el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Poco más de un año después de su pedido por un país donde los fiscales no aparezcan suicidados durante la inauguración de la exposición de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de 2015, su titular, Luis Etchevehere, también se sumó a la solicitada. Lo mismo hizo Alberto Grimoldi, el dueño de la tradicional marca de zapatos del mismo nombre y ex-subsecretario de Comercio Exterior de Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura.

Un pasado que no pasa

Rafecas llegó a los tribunales de Comodoro Py antes de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Sin embargo, no bien desembarcó en el tercer piso, mandó a buscar la causa por los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército, que al tiempo lo llevaría al juez a indagar a Jorge Rafael Videla.

Su intervención en las causas llevó a Rafecas a convertirse en uno de los emblemas del proceso de justicia por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina y uno de los magistrados más respetados por los organismos de derechos humanos, que en 2014 cerraron filas con el juez después de que el kirchnerismo pidiera su juicio político por su intervención en el caso Ciccone contra el entonces vice-presidente Amado Boudou.

El camarista Leopoldo Schiffrin es también considerado uno de los impulsores de las causas por crímenes de lesa humanidad y de los juicios por la verdad en La Plata. Su firma fue una de las sorpresas que trajo la solicitada. Allí también estaba estampado el nombre de Graciela Fernández Meijide, una de las integrantes más activas de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), ex funcionaria del gobierno de la Alianza y tentada por María Eugenia Vidal para ser su secretaria de Derechos Humanos en la provincia. Fernández Meijide no es la única funcionaria de la Alianza que se sumó a la avanzada contra el juez. Están Horacio Jaunarena, Juan José Llach y la ex-interventora del PAMI Cecilia Felgueras, entre otros.

En la solicitada no abundan los entusiastas de los juicios por delitos de lesa humanidad. Entre los firmantes está el abogado Enrique Avogadro, uno de los concurrentes a las reuniones de Justicia y Concordia. También aparece la firma de Guillermo Moreno Hueyo, el socio de Alberto Solanet, el presidente de la asociación creada en 2009 y que nuclea a defensores de represores. Como abogados también figuran Alejandro Fargosi — ex consejero aliado al macrismo — o Daniel Sabsay, enemigo declarado de CFK. El ex-supremo Gustavo Bossert también fue de la partida.

Guillermo Lipera, el presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, también se sumó a la campaña anti-Rafecas. Lipera también comanda la propuesta de una auditoría en los juzgados federales que fue aprobada por el Consejo de la Magistratura y que, como divulgó La Nación en su editorial del jueves, cuenta con el apoyo de varias organizaciones, entre las que se encuentra Justicia y Concordia, la SRA o el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) — al que pertenece el ministro de Justicia Germán Garavano.

Ezequiel Cassagne — del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, también — figura dentro de los adherentes al igual que Juan Carlos Cassagne, quien fue el director general de asuntos jurídicos de la Secretaría de la Industria durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y fue confirmado en su cargo durante la dictadura. El estudio Cassagne patrocina al diario La Nación en el caso por la deuda que mantenía con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Los Cassagne no son el vínculo más directo con La Nación en el petitorio, que también fue firmado por Julio Saguier o por Blanca Álvarez de Toledo, la ex-mujer de Bartolomé Mitre y la madre de Esmeralda Mitre, la esposa de Darío Lopérfido, quien tuvo que renunciar en julio a su cargo como ministro de Cultura porteño después de cosechar repudios por más de seis meses después de decir que los desaparecidos no eran 30 mil y que la cifra había sido arreglada por los organismos de derechos humanos para percibir indemnizaciones.

por Luciana Bertoia


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