A menos de tres meses de comenzar a operar, la Policía de la Ciudad ya tiene una causa judicial en su contra por "apremios ilegales", por su accionar durante la violenta razzia que desplegaron efectivos identificados y otros de civil, sobre mujeres que habían participado de la marcha del 8M. La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 59 y tomó intervención la fiscal N° 59 Laura Belloqui. Ayer se incorporó al expediente el dictamen que elaboró la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), luego de escuchar el testimonio de varias de las jóvenes arbitrariamente encarceladas. El informe confirma que las detenciones fueron groseras privaciones de libertad, que se llevaron adelante con violencia, que no tenían conexión con los hechos ocurridos frente a la Catedral dos horas y media antes, que las detenidas fueron sometidas a requisas que son ilegales en las cárceles desde 1984, como exponer a las personas a desnudez total, obligarlas a regresar a las celdas sin poder cubrirse y hacerlas agachar para revisarle las nalgas. Además, las detenidas recibieron agresiones verbales y discriminatorias atravesadas por expresiones de machismo y lesbofobia. 

"El debut de la fuerza de proximidad y barrial fue represivo", observó en diálogo con PáginaI12 el abogado Federico Efrón, coordinador del Area de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales. 

De la razzia que llevó adelante la nueva fuerza de Horacio Rodríguez Larreta se desprendieron dos causas judiciales. La que debe investigar "por apremios ilegales" a los policías que actuaron y otra, en la que están imputadas las personas detenidas, acusadas de "daño agravado", "atentado a la autoridad" y "lesiones", que finalmente recayó en el juzgado de Instrucción N° 35, con intervención de la Fiscalía en lo Penal N° 8 a cargo de Fernando Fiszer. "La única prueba que hay es un acta de la policía del procedimiento y la declaración de policías en comisaría. Al parecer no hubo ninguna orden judicial para las detenciones. Suponiendo que la policía fue a buscar a las personas que realizaron desmanes frente a la Catedral alrededor de las 20.30, las detenciones se produjeron entre las 22.30 y 23. Más allá de que es inverosímil de que hayan podido identificar a las personas en ese lapso de tiempo, en el hipotético caso de que hubiera ocurrido, la Policía no está habilitada para detenerlas porque no las encontró in fraganti. Por esa razón, era necesario una orden judicial para detenerlas. Es decir, fue un procedimiento absolutamente arbitrario e ilegal", apuntó Efrón, del CELS. 

Además de las requisas ilegales y la violencia desplegada en el operativo y en las comisarías, la Justicia deberá determinar si la policía armó las causas a quienes se resistieron a las detenciones arbitrarias, una práctica de abuso policial de los primeros años posdictadura militar.  

Las imputadas son 15 mujeres y 5 varones. El CELS asumió la representación legal de la investigadora del Conicet y colaboradora de PáginaI12 Laura Arnés, quien dio detalles de los atropellos que sufrió esa noche de parte de efectivos policiales, en una conferencia de prensa convocada por el CELS y el Colectivo Ni Una Menos el jueves último.

La causa por presuntos "apremios ilegales" contra los policías se inició a partir de un hábeas corpus que presentó esa madrugada la abogada Luciana Sánchez en nombre de todas las personas detenidas, que habían sido trasladadas a las comisarías 1ª, 4ª, 30ª y de la Comuna 4. Esa noche estaba de turno de hábeas corpus la jueza nacional en lo Criminal de Instrucción N° 16, Laura Graciela Bruniard. Pero la magistrada no actuó con la celeridad que la urgencia y el hecho de estar de turno requerían. Como una de las personas detenidas declaró ser menor de edad, tomó intervención un juzgado de Menores, que ordenó la libertad de todas las encarceladas –que permanecieron presas casi diez horas– y luego se declaró incompetente al constatarse que en realidad eran todas mayores de edad. Así pasó la causa al juzgado de Instrucción N° 35. La jueza Bruniard declaró abstracto el hábeas corpus –al estar todas ya liberadas–, pero extrajo copia de la denuncia de "apremios ilegales", que fue sorteada y recayó en el Juzgado de Instrucción N° 59. A ese juzgado se giró también la denuncia realizada por la abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta contra funcionarios porteños, entre ellos, el jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar; el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad. 

A la mañana siguiente de la razzia contra manifestantes que participaron de la marcha del Paro Internacional de Mujeres, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Procuraduría de Violencia Institucional abrieron conjuntamente una actuación para tomar testimonio a las personas detenidas y a testigos del operativo policial. Finalmente, el dictamen quedó a cargo de la Procuvin y ayer lo envió a la Fiscalía N° 59, que interviene para investigar los presuntos "apremios ilegales". Lleva la firma del titular del órgano, Félix Crous, y del fiscal ad hoc a cargo del Area de Violencia Policial, Maximiliano Medina.