jueves, 25 de mayo de 2017

Prevaricato de de la Corte









Prevaricato de la Corte: el 2×1 no correspondía para narcos, terroristas, lesa humanidad, ni para el cura Grassi

La Corte Suprema incurrió en una salvajada jurídica con el fallo a favor del 2×1 en el caso Muiña de lesa humanidad. Para el que tuvo que destrozar tanto la ley, como la jurisprudencia, y la doctrina existente, en las que no había dos, sino una sola biblioteca. El mismo habría sido impulsado por el supuesto éxito del 1A, y motivado por la necesidad de contentar a la familia militar y fidelizar su voto, a la par que el Gobierno dispuso un recorte en el presupuesto  de defensa. Trascartón, ante el repudio masivo de la sociedad, el Gobierno giro 180 grados, y apoyó la fulminante sanción de una inútil y simbólica ley "correctiva".

Con la única finalidad de hacer un control de daños, y tratar de preservar a toda costa la mayoría automática que había conseguido trabajosamente en la Corte. La cual, además de su ignorancia e inidoneidad legal, mostró una notable inidoneidad moral por la total desaprensión conque trató a la horrible tragedia, que enlutó como nunca a la sociedad argentina, y aún se mantiene en carne viva. Al dictar una virtual conmutación de penas para ese tipo de delitos, que estaba expresamente prohibida en las leyes y tratados internacionales. Razón por la que la única medida correctiva posible, es el juicio político y destitución de los firmantes del fallo, y la anulación del mismo.

Por Javier Llorens

Los juristas dicen que la ley dice, lo que los jueces dicen que la ley dice. Pero cuando los jueces le hacen decir a la ley lo que ella no dice en manera alguna, retorciéndola de diversas formas, eso se llama prevaricato. Palabra a la que la humanidad repudia desde tiempos bíblicos, cuyo origen del latín es traidor, y el jurista romano Ulpiano asociaba con el adulterio.

En el que habrían incurrido manifiestamente, los miembros de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, y Horacio Rossatti. Posiblemente por qué ni ellos ni los otros dos restantes miembros de la Corte Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzino, son abogados compenetrados con el derecho penal. Ni tampoco tuvieron la prevención de consultar la voluntad del legislador, o revisar la existencia de nuevas leyes penales, antes de elaborar su fallo.

El trascendente fallo solo cuenta con escuetas 58 páginas. De las cuales en orden de aparición, 14 corresponden a los votos positivos de Rosenkrantz en conjunto con Highton de Nolasco, una elocuente coincidencia que se explicará en una próxima nota. 19 al voto positivo de Rosatti, que en realidad es casi un calco de la anterior. 20 al voto negativo de Lorenzetti. Y 14 al voto negativo de Maqueda.

No obstante la estructura y espíritu de la sentencia solo tiene dos tesis contrapuestas. Una que sintéticamente podría denominarse simplista e híper ultra garantista a favor del reo (pese el repudio que le causa esto al partido gobernante) que con la firma del triunvirato Rosenkratz, Highton, y Rosatti, dice que hay que aplicar estrictamente la letra de la ley, para favorecer "siempre" al reo con la ley penal más benigna, incluso hasta que deje de serlo. Y cuando eso no lo pudo hacer, se escapó de cualquier manera, arguyendo dudosas teorías, doctrinas, y jurisprudencia. Y que además hay que respetar a rajatabla la igualdad ante la ley, considerando que es lo mismo un ladrón de gallinas, que un criminal de lesa humanidad. No obstante que dudosamente el triunvirato habría desplegado todo este esfuerzo intelectual, para beneficiar a un ladrón de gallinas o un delincuente común.

Y la otra, suscripta por Lorenzetti y Maqueda, que dice ¡Guarda! no es lo mismo un ladrón de gallinas, que un criminal de lesa humanidad, acorde el viejo precepto del derecho que dice que la igualdad es entre iguales. Que Argentina tiene tratados internacionales que cumplir. Que un juez picoteando leyes, no puede por su cuenta crear una tercera ley. Que la ejecución de las penas importantes y ejemplificadoras, no puede frustrarse mediante chicanas aritméticas, para justificar una conmutación de penas prohibida en los tratados internacionales. Que la ley debe interpretarse conforme su contexto y fines. Que las leyes procesales penales no pueden extenderse indiscriminadamente como más benignas. Y que no existe doctrina ni jurisprudencia que considere que en un delito continuado o permanente, se deba aplicar la ley más benigna que existió en el curso del mismo. Aunque el delito aún no haya cesado, como es el caso trágico – perverso de los desaparecidos.

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