Gladys Gonzalez, clave en un negocio                      multimillonario pergeñado por Dietrich

Gladys Gonzalez, clave en un negocio multimillonario pergeñado por Dietrich

Una licitación de remolcadores para YPF y Enarsa visibilizó un negocio multimillonario. Empresas extranjeras, funcionarios de los dos lados del mostrador, la intervención del SOMU y un meganegocio contra el empleo nacional.

Una licitación de remolcadores para YPF y Enarsa descubrió el velo de un oscuro entramado de negocios multimillonario. En medio de una actividad convulsionada tras el despilfarro de Omar "Caballo" Suarez, algunos funcionarios vieron la posibilidad de cambiar crisis por oportunidad, y diseñaron un esquema para rearmar las alianzas estratégicas que se reparten la torta marítima.

El escándalo se desató cuando Logística y Servicios Marítimos, firma recientemente creada por Jorge Samarín, ganó un llamado a licitación en el que trabajaron los ministerios de Energía y de Transporte, para otorgar remolque al transporte de combustible, sin ser una empresa de remolques. Al presentarse en la licitación la compañía no contaba con los 8 remolcadores requeridos, sino con una lista de embarcaciones a nombre de Svitzer, empresa del grupo Maersk, el mayor operador de remolques del mundo.

La firma que quedó en segundo lugar, Trans Ona, sufrió una demora de 18 días en ser comunicada de la resolución y presentó una denuncia por las irregularidades. De acuerdo con la documentación aportada a la Sala II de la Cámara Civil Comercial Federal, que ahora tiene que resolver si convalida o no la cuestionada licitación, la conducción de Enarsa, encabezada por Hugo Balboa, procedió a adjudicarle el negocio de los remolcadores a Maersk y Samarín el 29/08. Pero en vez de comunicar de inmediato esa decisión a Trans Ona, los directivos de Enarsa dilataron la notificación hasta el 16/09.

El planteo judicial impulsado por Trans Ona se centró en 3 aspectos clave de la oferta de Maersk y Samarín que no se ajustaron al pliego y que Enarsa dejó pasar con el doble aval de los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich y de Energía, Juan José Aranguren.

Por un lado la propuesta y rebaja tarifaria de Maersk y la una empresa del Grupo Marítima Meridian estuvo condicionada a dos variantes que no estaban contempladas en el pliego: un contrato por 24 meses y la doble operación de los puertos de Bahía Blanca y Escobar. Por otro lado, los remolcadores ofrecidos por Maersk no estaban matriculados en la Prefectura Naval al momento de presentación de la oferta, tal como exigían las bases y condiciones de la licitación. Y por último, si bien Meridian es una empresa nacional, lo que ofrece para remolque son unidades extranjeras que no se encuentran inscriptas legalmente y no se ajustan a las reglas del Compre Argentino y a la ley de cabotaje que prioriza a las embarcaciones locales.

Casualmente (o no) Samarín es también dueño de la Agencia Marítima, firma que mantuvo el monopolio de los contratos con YPF y Enarsa desde 2008 hasta 2014, en pacto con el Ministerio de Planificación y los gremios de la actividad. Ahora, tras despegarse de sus otrora socios, se reinserta en el negocio con Logística y Servicios Marítimos, a nombre de sus hijos.

Dato no menor es que Meridian está involucrada en la causa que derivó en la detención del ex titular del SOMU, Suárez, por maniobras fraudulentas, lavado de dinero y desvío de fondos de la entidad gremial. Actuando por cuenta y orden de Enarsa, Meridian desvió el pago de una factura de casi US$ 2 millones, por cursos de capacitación, que debía ir para la Fundación Azul del gremio y terminó en la pesquera privada San Jorge Marítima que tiene entre sus dueños al ex líder del SOMU.

La nueva alianza marítima entre empresas extranjeras y empresas nacionales de capital extranjero, necesita de dos actores clave. Por un lado del aval gremial ante los intereses afectados por la pérdida de empleos y honorarios, y por otro la autorización para navegar a embarcaciones extranjeras en territorio argentino. Ahí empiezan a tallar la diputada del PRO, Gladys Gonzalez (de apellido Metz por parte de madre), actual interventora del SOMU y Jorge Metz, Director Nacional de Vías Navegables y hasta poco antes de asumir el cargo gerente de Horamar, otra de las firmas con capital griego que tiene una porción del negocio.

El tandem de los Metz es claves para lograr otorgar los waivers (permisos) para que los buques extranjeros operen sin tripulación argentina (o sólo de seguridad), y con salarios internacionales, por lo que no se le haría a los trabajadores aportes ni de jubilación ni de obra social. Todo un entramado de reducción de costos para favorecer la rentabilidad a expensas de los derechos laborales.

Otro actor perjudicado por esta maniobra, pergelada desde Trasnporte, es la Cámara Armadores de Lanchas de Prácticos (CALPRAC), por su con su titular a la cabeza, Miguel Angel Doñate, denunciaron a ENARSA, al director de Vías Navegables y el ministro de Transporte ante la Oficina Anticorrupción para detener la avanzada. Sin embargo en declaraciones públicas, Dietrich confirmó la decisión política de seguir adelante con la maniobra. Toda una definición de principios.