miércoles, 11 de enero de 2017

Si este payaso puede decir verdades, como sera el plan del dueño del circo


Alberto Samid: "Si los argentinos compran en Chile, la economía no anda bien"

El empresario de la carne Alberto Samid, cuestionó con dureza las políticas económicas del gobierno de cambiemos y dijo que "la economía
no anda bien, cuando el que puede gastar algo de plata lo hace en Chile y no en la Argentina, donde la gana".
También cuestionó  a los supermercados a los que califico como "el cáncer" de estos tiempos y remató diciendo que si tuviera que elegir
qué hacer con un millón de pesos,  entre invertirlos en la producción o ponerlos a plazo fijo, "los pondría a plazo fijo sin dudarlo,ninguna empresa da el 25% o más de ganancia que dan hoy los bancos".





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L a obscenidad como naturaleza, estilo y metodo de este gobierno

Un operador de Odebrecht le giró US$ 600.000 al jefe de inteligencia argentino

El cambista Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña en el Lava Jato, hizo en 2013 cinco transferencias a Gustavo Arribas desde una cuenta controlada por una "empresa de fachada"

LA NACION
MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2017
El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Foto: Archivo

Un operador financiero y cambiario brasileño condenado por la justicia de su país por su rol en la investigación Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht.

Ese operador y cambista paulista llamado Leonardo Meirelles se acogió luego al régimen de la "delación premiada", y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas, según surge de los registros de transferencias bancarias que integran la investigación sobre Lava Jato en Brasil. LA NACION obtuvo copias de esa documentación como parte de un proyecto periodístico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.

Meirelles transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

LA NACION intentó consultar a Arribas, pero se encontraba en Brasil, de vacaciones junto a su familia. Pero a través de tres colaboradores admitió que sólo recibió una transferencia, por US$ 70.495, el 26 de septiembre de 2013, que adjudicó a la venta de un inmueble en San Pablo sobre el que no aportó más datos.

"Propinas"

A través de esos mismos colaboradores -dos de ellos, abogados-, Arribas negó haber recibido las cuatro transferencias restantes, así como fue taxativo al negar cualquier vínculo con el pago y cobro de coimas que comienzan a salir a la luz a partir del Lava Jato, la gran investigación sobre el sistema de corrupción que azota el sistema político y empresarial de Brasil, con ramificaciones en otros 11 países. Entre ellos, la Argentina.

Cuando Meirelles ordenó esas cinco transferencias, Arribas vivía en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. Para entonces tenía una antigua relación de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno porteño.

En los registros a los que accedió LA NACION, en tanto, no aparecen los motivos de esos pagos. Sólo figura que se transfirieron a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que el actual jefe de los espías informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Conocido como "doleiro" -es decir, operador en el mercado ilegal de cambios brasileño, el equivalente al "cuevero" de la city porteña-, el propio Meirelles confirmó que pagó "propinas" en la Argentina.

Meirelles así lo admitió durante la entrevista que concedió a IDL Reporteros, en el aeropuerto de San Pablo, el 11 de julio de 2015. Detalló que participó en "un total de 3000 o 3500 operaciones [pagos] en cuatro años, que se hicieron entre 2009 y 2014. Estamos hablando de 240 millones de dólares, que yo pagué en mis empresas en Hong Kong, tanto depósitos como pagos, en Panamá, la Argentina y así".

Desde Curitiba, en tanto, el abogado de Meirelles, Haroldo César Nater, respondió a LA NACION que su cliente "no puede proporcionar ninguna información a la prensa nacional o internacional debido al acuerdo de colaboración premiada que suscribió con el Ministerio Público Federal". Y a continuación añadió que "por desgracia, Meirelles no puede ayudarle".

"Irregulares"

Desde el entorno del "doleiro", sin embargo, indicaron a LA NACION que "esas transferencias en efecto se realizaron y probablemente fueron irregulares", y deslizaron que, más que Meirelles, "el que tiene la información más precisa es Youssef", en alusión a Alberto Youssef, su socio y jefe, que también fue condenado a prisión por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, y que también se acogió a la "delación premiada".

El momento en que Meirelles concretó esas transferencias es singular. ¿Por qué? Porque en coincidencia con el depósito de los casi US$ 600.000 por parte de Meirelles a la cuenta de Arribas, cobraba un nuevo -y en apariencia- definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella).

Anunciado repetidas veces, el soterramiento registró marchas y contramarchas. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner había encabezado el acto de adjudicación de las obras. Pero recién en diciembre de ese año firmó el contrato de ejecución.

Reactivación en 2013

El entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime comenzó entonces a cobrar la coima que había acordado con Odebrecht, según consta en unos correos electrónicos que su testaferro, Manuel Vázquez, cruzó con los operadores de la constructora brasileña, y que los investigadores del Lava Jato lograron recuperar.

Sin embargo, a medida que el proyecto entró otra vez en un letargo, se suspendió el flujo de dinero negro. Hasta que en febrero de 2010, Vázquez llegó a enviarle un e-mail a un representante de Odebrecht en Buenos Aires, Mauricio Couri Ribeiro, para reclamarle US$ 80.000 que le adeudaban desde hacía un año, según la documentación recabada por los investigadores del Lava Jato.

Aun así, el proyecto continuó en suspenso. Hasta que el 30 de agosto de 2013, el kirchnerismo publicó el decreto 1244 con el que creó la unidad ejecutora para esa obra, financiada con $ 700 millones del Estado nacional y un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño por otros US$ 1500 millones.

Veinticinco días después de la publicación de ese decreto, la constructora brasileña anunciaba su beneplácito en su página oficial de Internet: Odebrecht Infraestrutura conquista novo contrato na Argentina, y aportaba a continuación algunos detalles de la obra de infraestructura.

Un día después, el miércoles 25 de septiembre de 2013, Meirelles dispuso la primera transferencia a la cuenta de Arribas por US$ 154.666 en su cuenta 373645-5, en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Al día siguiente, jueves 26, otros US$ 70.500 -la que sí admitió el entorno del actual jefe de la AFI-. Y el viernes 27, tres transferencias más por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. Total: 594.518 dólares.

Todas esas transferencias registraron el mismo origen: la cuenta bancaria 313-0-025652-9 en el Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles RFY Import & Export Limited.

"Empresas de fachada"

Tanto la firma offshore como Meirelles se encontraban bajo la mira de los policías, fiscales y el juez que impulsan el Lava Jato. Así, en una requisitoria del Ministerio Público de abril de 2014 -es decir, siete meses después de esas transferencias a Arribas-, cuatro fiscales brasileños detallaron que Meirelles y su hermano Leandro integraban una "organización criminal" que entre 2012 y marzo de 2014 realizó "operaciones ilegales en el mercado paralelo de cambio; principalmente para promover la evasión de divisas".

Los fiscales detallaron que RFY Import & Export Ltd y otras compañías offshore de los Meirelles no eran más que "empresas de fachada". ¿Para qué? "Usando una apariencia de legalidad, los denunciados simularon contratos entre empresas brasileñas y extranjeras, buscando justificar, sobre todo ante instituciones financieras extranjeras, la realización de transferencias internacionales", bajo el mando de Youssef, quien actuaba bajo órdenes de Odebrecht y otras grandes empresas brasileñas.

Youssef confiesa

El propio Youssef reconoció ante la justicia de su país que utilizó esa cuenta de RFY Import & Export Ltd para pagar US$ 4,2 millones "que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior" entre septiembre de 2001 y mayo de 2012. Es decir, un año y medio antes de los giros que desde esa misma cuenta se enviaron a la cuenta en Suiza al actual jefe de la AFI.

Ya en abril de 2015, en tanto, el juez Moro consideró probados los roles de Youssef y los Meirelles en la operatoria ilegal. También concluyó que usaron a RFY Import & Export y a otras compañías offshore para "transferencias internacionales mediante contratos cambiarios [basados en] importaciones ficticias".

Con esas evidencias, Moro condenó a los tres. A Leonardo Meirelles, a 5 años de reclusión; a su hermano Leandro, a 4 años de reclusión, y a Youssef se lo redujo a 3 años y medio de reclusión porque, aunque su rol fue mayor, se sumó a la "delación premiada", admitió su rol en las coimas de Odebrecht y aportó evidencias, lo mismo que haría luego Leonardo Meirelles.

Tras el quiebre de su ex CEO, Marcelo Odebrecht, y otros 77 ejecutivos, incluso la multinacional brasileña también comenzó a colaborar. Así selló un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se difundió a fines de diciembre pasado. Uno de los datos que aportó la constructora fue que en 2008 se comprometió a pagar sobornos para ganar un proyecto y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 pagó US$ 2,9 millones en coimas a funcionarios argentinos a través de un intermediario. ¿Podría ser Vázquez?

La empresa Odebrecht también admitió que entre 2011 y 2014 pagó coimas "adicionales" por "aproximadamente" US$ 500.000 a cuentas privadas "de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos". Esa suma es similar a la transferida a la cuenta de Arribas, pero el Departamento de Justicia no detalló a quién le pagó Odebretch.

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En "otro tiempo" era uno de los simbolos de la industria nacional

Gremios advierten por cierre de dos plantas de Alpargatas

Alpargatas Argentina tiene sede central en la Ciudad de Buenos Aires, y tenía 9 plantas, que ahora pasarán a ser siete (cinco plantas dedicadas al negocio calzado y cuatro al negocio textil). Además de las que ahora cierra y la de Buenos Aires, tiene dos plantas en Catamarca, y una en Chaco, Tucumán, Corrientes y La Pampa.

La fábrica Alpargatas comunicó que esta semana cerrará sus plantas en Villa Mercedes, San Luis, y Florencio Varela, Buenos Aires. La medida se debe la baja de producción por la apertura de las importaciones ya que sus dos actividades principales (calzado y textil) se vieron muy perjudicadas.

En declaraciones a Radio 10, el secretario general de la Asociación Obrera Textil de Villa Mercedes, Rodolfo Garciarena, alertó sobre esta situación, y argumentó que "según los directivos, el cierre de las plantas de San Luis y Florencio Varela es por la recesión que viene hace tiempo, las importaciones y la poca venta".

"La planta de Florencio Varela se mandaría a Tucumán, y la planta de calzado quedaría en Tucumán, La Pampa o Catamarca", informó el gremialista.

Alpargatas Argentina tiene sede central en la Ciudad de Buenos Aires, y tenía 9 plantas, que ahora pasarán a ser siete (cinco plantas dedicadas al negocio calzado y cuatro al negocio textil). Además de las que ahora cierra y la de Buenos Aires, tiene dos plantas en Catamarca, y una en Chaco, Tucumán, Corrientes y La Pampa.

"Estarían pagando el 100% de la indemnización pero uno no quiere eso", señaló Garciarena. Y añadió que en la empresa "hace un año que vienen con suspensiones y problemas económicos", y que por eso la medida "no se tomó con tanta sorpresa".





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SE CONOCIERON LOS FUNDAMENTOS DE LA CONDENA A MILAGRO SALA POR EL ACAMPE EN JUJUY

"Una afrenta directa a la protesta social"
El juez de faltas Matías Ustarez Carrillo no explica las razones de la pena que le impuso a Sala. Los abogados defensores señalan que la proscripción es arbitraria, inconstitucional y no está contemplada en el Código Contravencional de la provincia.
Acaban de conocerse los fundamentos de la condena a Milagro Sala y a la Organización Túpac Amaru por el acampe en la Plaza Belgrano. La dirigente  había sido condenada a pagar una multa de 3780 pesos y a una inhabilitación de tres años y tres meses para ocupar cargos en asociaciones civiles. Los fundamentos ahora vuelven a confirmar lo que en su momento mostró la sentencia: la existencia de una condena excesiva, ilegal e inconstitucional, que ahora también demuestra su carácter completamente arbitrario porque ni siquiera está fundamentada, según explicaron a este diario los abogados Ariel Ruarte, de la Túpac, y Federico Efrón, del CELS. "Los fundamentos son claramente una afrenta directa a la protesta social argentina", señala Efrón, y agrega que la proscripción de tres años ni siquiera está prevista por el Código Contravencional de Jujuy, que limita la pena a un plazo máximo de tres meses. "Lo que queda es ir hasta la Corte Suprema, porque acá está en juego el derecho a protestar, el derecho a formar parte de asociaciones, el trabajo de las asociaciones, que son derechos consagrados por la Constitución."

En una resolución de 32 carillas, el juez de faltas Matías Ustarez Carrillo da por probada la materialidad de la manifestación de 33 días en la Plaza Belgrano y sus inmediaciones. Pero los fundamentos no explican las razones de la condena ni dan cuenta del modo en que se valoraron las pruebas. Transcribe lo que fue pasando desde el comienzo de la causa y encuadra los hechos en los artículos 113 y 7 del Código Contravencional de Jujuy, sin dar referir el camino lógico por el que lo hace. Cuando debe pararse frente a la cuestión de fondo, que es el derecho a la protesta consagrado por la Constitución y tratados internacionales, admite esos derechos en términos ideales pero se los quita al acampe en particular. Para Ustarez Carrillo, fue una "ocupación irregular" y "desproporcionada", donde se instalaron "piletones, gazebos, palos, asadores, carpas, lonas, distintos tipos de vehículos, megáfonos, equipos de audio, banderas y permanencia de centenares de personas durante las 24 horas del día". Explica que hubo "ciudadanos" que no pudieron ir a la misa de Navidad y Reyes Magos en la Iglesia Catedral. Y como contrapartida inventa una suerte de catálogo de manifestaciones posibles que deberían ser "pacíficas" y adecuadas a una "Ley de Procedimientos Administrativos", cuyo cumplimiento tornaría abstractos todos los actos de protesta.

La concepción del derecho a la protesta y la pena para Milagro Sala son los dos aspectos centrales y más graves del fallo. Pero no son los únicos. Sala es investigada en una causa penal previa por los mismos hechos, lo que plantea un problema irresuelto de doble persecución penal. Por otro lado, está el funcionamiento completo del Código Contravencional: fue sancionado en 2014 pero entró en vigencia el 1 de enero de 2016 –es decir, después del acampe–, y ahora es instrumentado por el gobierno de Gerardo Morales a través de la designación directa del único juez de faltas de la provincia y del delegado contravencional que cumple función de fiscal de acusación. Finalmente, el texto usa términos como "ciudadanos" y "vecinos" para designar sólo a quienes no estaban en el acampe y enumera elementos como los piletones o hasta los olores, mostrando el modo en que se construye el delito desde el poder blanco de la provincia.

"En primer lugar, el fallo es claramente una afrenta directa a la protesta social argentina", dice Efrón. "Este hecho básicamente fue una protesta. En el ínterin para lograr esta condena contravencional aplicaron penas absolutamente desproporcionadas e ilegítimas. En el caso de Milagro Sala, el máximo previsto en el Código Contravencional es de tres meses para la inhabilitación y, sin embargo, le aplican una pena de tres años y tres meses. Y no sólo eso. La sentencia además no está fundamentada. Toda imposición de pena tiene que estar fundamentada, tiene que tener su propio razonamiento. Este fallo no lo tiene. La única mención que hace sobre la fundamentación de la pena habla de los 33 días del acampe que encabezó Milagro Sala, pero más allá de que eso no es suficiente para fundamentar la pena, también es erróneo. Porque ella fue detenida el 16 de enero, y entonces y en cualquier caso, sólo estuvo acampando la mitad de los días que se le imputan".

Una pregunta que surgió luego de la sentencia del 29 de diciembre fue cómo habían construido el monto de la pena. ¿Cómo iban a justificar los tres años y tres meses de inhabilitación? Las primeras líneas de aquella sentencia parecían haberla dotado de cierta racionalidad, al mencionar el artículo 43° de Penas Accesorias del mismo Código. El artículo prevé una inhabilitación de un máximo de tres meses, excepto en los casos en los que se diga expresamente otra cosa. Algunos interpretaron que eso era una cláusula abierta, usada como gatillo para este caso. Efrón analizó el Código y lo compara con otros: señala que no existe ninguna cláusula abierta, que el artículo dice otra cosa. "El juez tampoco fundamentó las razones de los años de inhabilitación, que no está previsto en el Código -explica–. El artículo 43° está diciendo que la regla es que la inhabilitación es de un máximo de tres meses, salvo que cada contravención en particular disponga lo contrario. Eso lo ves en casos como la pesca deportiva, por ejemplo, o la conducción ebria, que tienen inhabilitaciones específicas. Pero cuando vas al artículo 113 (de las manifestaciones públicas) no hay ninguna disposición que le permita al juez dictar una pena de más de tres meses. El artículo no habla de inhabilitación. Por eso, esto es muy grave, es inconstitucional porque está en contra de un derecho constitucional como la libertad de asociación y de reunión".

Al mirar en detalle los fundamentos, aparece sólo una referencia desplazada sobre la inhabilitación. Viene de la mano del alegato del delegado contravencional, Rodolfo Retamozo. Cuando pidió la pena para Milagro Sala y la organización, Retamozo solicitó la aplicación de unidades de multa como pena principal por infracción a los artículos 113 y 7 de la Ley 5860, pero como entendió que la multa era leve le pidió al juez la inhabilitación. Como "la finalidad de la pena es la readaptación social, dado lo irrisorio de la multa, pide la inhabilitación de Milagro Sala y de la Túpac Amaru, además de la clausura, el cese de las actividades, por el tiempo que su señoría estime", recuerdan ahora los fundamentos en su página 21.

Sobre la doble persecución penal, los fundamentos tampoco explican las razones. La defensa hizo varios planteos de nulidad en el juicio, entre ellos que Milagro Sala es perseguida por los mismos hechos en la causa penal por la que quedó presa el 16 de enero, y fue excarcelada. Los fundamentos lo único que responden sobre el asunto es que no hay doble persecución porque lo que aquí se juzga –textual– es "la ocupación de un espacio público".

–¿Y en la otra causa? –preguntó este diario al abogado Ariel Ruarte.

–La ocupación de un espacio público –explicó el abogado.

También Efrón repite que los hechos en una y otra causa son los mismos y que por eso no debería ni siquiera haber existido el juicio contravencional. "Este es otro de los datos de esta causa. Este proceso no tendría que haber existido. El artículo 5° del Código establece con mucha claridad que, si los mismos hechos que son parte de una contravención, son parte de una investigación penal, la acción contravencional cede por completo. Y acá, antes de que se inicie el proceso contravencional, 15 días antes, ya existía la denuncia penal por el acampe. En ningún momento tendría que haber comenzado este procedimiento."

La defensa de Sala también pidió la nulidad del proceso por la actuación del juez Ustarez Carrillo. Fue designado el 20 de enero de 2016 por Gerardo Morales, luego de la entrada en vigencia del nuevo Código, pero también cuando Milagro Sala ya estaba detenida y había sido acusada. Los abogados plantearon que no es un juez natural, sino un funcionario ad-hoc nombrado después de los hechos, equiparable a las comisiones especiales. Efrón señala que esto es, además, un síntoma de un problema mayor. "El Código Contravencional tiene muchos problemas pero es un Código que está armado en una forma tal que el gobernador es el que designa a los jueces y el gobernador es el que designa al Departamento Contravencional que actúa como fiscalía. Por cómo está diseñado el Código, el Departamento Contravencional depende del Misterio de Justicia que ahora es el Ministerio de Seguridad que está dentro del Ejecutivo. Entonces, apenas asumió, designó al juez y a mitad de año sacó un decreto en el que designó al Jefe del Departamento Contravencional. Es un Código sancionado en 2014 que entró en vigencia en 2016 y le permite a él designar juez. Se asegura que la parte acusadora, acuse y que el que deba resolver la condena, condene."






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