miércoles, 15 de febrero de 2017

En la previa del Congreso partidario, el peronismo se alinea detrás de CFK si decide ser candidata

Amigos:
Lo esperado, lo esperable, lo previsible, lo racional, lo necesario.
Ahora hay que ponerse de acuerdo en: !para que nos juntamos¡¡¡.
Se debe construir  para volver, de acuerdo. ¿Pero volver para que?
La prioridad 1, sentar las bases para terminar con el repetido proceso historico de ser juguetes de poderes extranacionales.
Dejar de jugar con la reglas habituales de los viejos encuadramientos que nos lleva a que nos afanen el partido y producir las bases para una verdadera transformacion de objetivos.
¿Aceptariamos seguir jugando una desigual contienda, donde el reglamento, la cancha, el refere estan digitados por el contrario, y los comentaristas ademas aplauden el desigual enfrentamiento?
Es decir si concluimos que el objetivo comun, que es ganar el Poder, se traduce en terminos de proyecto, se debe explicitar que ese objetivo es innegociable y se traducira en un desarrollo autonomo con equidad, inclusion y justicia social, sin que ningun sector quede marginado, ni excluido ni rezagado, algo se debe hacer para modificar las reglas que impidan un nuevo naufragio.
Vista las experiencia pasadas del movimiento nacional,
convocados y encabezados  por diferentes actores, no resulta inteligente repetir las mismas formulas que han facilitado nuestro fracaso.
Para ello la prioridad es el cambio de reglas, es decir convocar desde el inicio a una reforma constitucional, que nos de seguridad en que no vuelven a meternos la mano en los bolsillos.
Tres herramientas deben ser objetos de extremos cuidados, al proyectar la reforma: medios de comunicacion, poder judicial y sistema impositivo.
Sin ese reaseguro, podrà volver a levantar el movimiento nacional y popular, la hipoteca que abusivamente producen los gobiernos autoritarios de derecha, constitucionales o de facto , pert habremos dejado intacta la estructura juridica que permite una capacidad de daño irreparable en los trabajadores, activos y pasivos, deterioro en la capacidad instalada de la industria, vaciamiento de las empresas y marginacion de la inteligencia.
Es inabarcable la capacidad del capitalismo salvaje, de hacernos retroceder , cualquiera sea el nombre de los personeros.
Hoy tienen como plan A, a
su representante mas confiable, Macri, pero la suma de sus errores estrategicos y de la corrupcion inherente a su impunidad, puede facilitar su reemplazo por el Plan B, Massa.
Lucidez de nuestra dirigencia, para sortear las trampas, incluidas las de convocar a falsos socios, es una exigencia historica, tan exigible como la nobleza de propositos en los objeticos y la generosidad ante una convocatoria a la unidad del campo popular.
Generosidad sí, pero sin rifar banderas.
Jorge Carbajal


En la previa del Congreso partidario, el peronismo se alinea detrás de CFK si decide ser candidata

En la previa del Congreso partidario, el peronismo se alinea detrás de CFK si decide ser candidata

El peronismo bonaerense volverá a juntarse el próximo sábado en Santa Teresita. Como todos los años, dirigentes de toda la Provincia confluirán en la costa para debatir el futuro del partido, ante el desafío de volver a ganas elecciones tras la derrota en 2015.

En esta oportunidad, el debate estará centrado en la figura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy se para como una de las referentes de la oposición con mayor intención de voto, junto con Sergio Massa.

No obstante, la candidatura de CFK es aún incierta. Si bien ha dado una serie de indicios que indicarían una participación en las elecciones, nada está confirmado. Pero los mismos peronistas saben que de postularse, modificaría por completo el escenario electoral.

"La que va a marcar el tiempo político va a ser Cristina Fernández de Kirchner. Si Cristina es candidata o no, eso mueve todo el tablero político. En base a eso nos tenemos que reordenar, y a la vez generar alternativas y nuevos cuadros", consideró en declaraciones radiales el intendente de Esteban Echeverría, Fernado Gray, perteneciente al Grupo Esmeralda, que hasta el momento se ha mostrado crítico de un posible regreso del krichnerismo a la escena política.

"Todo se define en base a lo que determine Cristina. Bajo ningún punto de vista la enfrentaríamos si decide presentarse. Yo la respeto mucho y comparto el proyecto que inició Néstor, sé como se transformó el distrito y el país. Si decide presentarse, hay que reordenar todo el peronismo, hacia abajo", añadió el jefe comunal, aunque aclaró: "No hablo por el Grupo, sino como Fernando Gray".

En esta línea, el mandatario de Esteban Echeverría reconoció que en el Gobierno nacional hubo aciertos y errores, tal como le sucede a él mismo al frente del municipio y por ello "necesitamos más participación de una impronta nueva que nos proyecte hacia el electorado, de manera distinta y más actualizada. Nosotros también tenemos que cambiar. Tenemos que sentarnos con Cristina para saber si quiere o no ser candidata".

En medio de las especulaciones con una posible candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires, la expresidenta analiza juntar a la tropa ultra K en el Instituto Patria, donde se reunió este martes con uno de sus soldados, Oscar Parrilli.

En los últimos días tomó fuerza esta versión tras una serie de publicaciones de parte de CFK cuestionando las políticas de la gobernadora María Eugenia Vidal y de intendentes afines a Cambiemos.

En medio de este escenario, el peronismo bonaerense volverá a reunirse este sábado 18 de febrero en Santa Teresita con un claro objetivo: conformar una fuerza política y electoral que confluya en una mayoría para derrotar el ajuste y empobrecimiento de Macri. Para ello, los diputados provinciales justicialistas iniciaron las conversaciones que podrían confluir en una nueva unidad del bloque "de los 36".




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Mega-minería 2017: el plan de Macri

http://stripteasedelpoder.com/2017/02/mega-mineria-2017-plan-macri-favorecer-las-corporaciones-poner-peligro-agua-argentina/

Mega-minería 2017: el plan de Macri para favorecer a las corporaciones y poner en peligro el agua en Argentina

A pesar de los 20 años de estacionamientos a la minería a cielo abierto, el gobierno pretende atraer más inversiones para esta actividad, flexibilizando la presión tributaria y el resguardo ambiental. En poco tiempo, distintas provincias más el Congreso de la Nación discutirán un Nuevo Acuerdo Federal Minero, que generaría una fuerte disputa. El entramado detrás de las leyes a favor de las corporaciones mineras. El "decreto Barrick Gold". Entrevista exclusiva con el abogado que denunció las irregularidades que salpican tanto a macristas como kirchneristas.

Por Lea Ross | @LeandroRoss

La mega-minería, o minería a cielo abierto, es un procedimiento moderno para extraer los pocos minerales que quedan enterrados en los suelos. Consiste en dinamitar las montañas, moler las rocas en enorme molinos hasta reducirla casi a polvo y, finalmente, rociarlas con químicos para producir la separación del metal de la roca. Este proceso se lo conoce como lixiviación y termina con un cóctel de desechos encerrados en un gran dique de cola, en alta montaña, protegidos por una membrana supuestamente impermeable, que queda como secuela más peligrosa de todo el proceso. Todos los minerales -oro, plata, cobre, litio- se exportan en los barcos para luego ser procesados en otros países.

El primer proyecto megaminero en instalarse en nuestro país, en el año 1997, fue la mina Bajo la Alumbrera, manejada por La Alumbrera, una empresa mixta de activos estatales y extranjeras. Las reservas de Bajo La Alumbrera se agotarían en pocos meses, aunque se espera el surgimiento de un nuevo proyecto, pegado a ella, llamado Agua Rica, donde participarían los mismos inversionistas.

El proyecto más magnánimo es el de Pascua-Lama, única en el mundo que comparte el territorio de dos naciones: Chile y Argentina. Debido a esta particularidad, se creó en 1997 el Tratado Binacional, acordado entre el presidente argentino Carlos Menem y el presidente chileno Eduardo Frei. Es la gran obra que espera realizar la Barrick Gold. Sin embargo, su funcionamiento está frenada desde el 2014 por la justicia chilena por razones ambientales.

La actividad minera, que ha generado enormes cantidades de divisas para el país, viene siendo uno de los temas más urticantes para los últimos gobiernos. Desde su llegada han emergido distintos rechazos y prohibiciones para la instalación de proyectos de este tipo o de la actividad en sí, ya sea por vía de consulta popular, como fueron los casos de Esquel (año 2003) y Loncopué (2012); por presión de las resistencias vecinales, como ocurrió en los pueblos de Famatina y Chilecito en la provincia de La Rioja, contra la Barrick Gold (2007-2008) y la Osisko Minning Co. (2012-2013); o por vía deliberativa y municipal, luego de arduas luchas y resistencias, como ocurrió en Andalgalá, provincia de Catamarca, el año pasado. Sin mencionar que hoy son siete las provincias que esta prohibida la mega-minería por considerarla altamente contaminante: Córdoba, Chubut, La Pampa, Mendoza, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán.

Además, se incluyen denuncias por hechos represivos por parte de la policía, de espionaje por parte de las corporaciones y de acuerdos cerrados entre empresarios y funcionarios públicos.

Sin embargo, en materia ambiental, la más recordada fueron los dos derrames de solución cianurada en la mina Veladero, perteneciente a la Barrick Gold y pegada al pueblo de Jáchal, en la provincia de San Juan, ocurridas en los años 2015 y 2016. Luego del primer derrame, Striptease del Poder expuso un informe sobre cómo el ex gobernador y actual diputado nacional José Luis Gioja estuvo durante un cuarto de siglo trabajando como un gran protector de los negocios de la Barrick en Argentina.

Ver Gioja, el lobbista de oro de Barrick Gold

A pesar de todo lo ocurrido en más de veinte años, el presidente Mauricio Macri tiene la férrea convicción de seguir profundizando está actividad. Luego del fracaso de atraer inversiones para 2016, su nueva estrategia consiste en fortalecer más las leyes que protejan esta actividad. Desde el Estado, señalan que tienen la convicción de recibir U$S 25.000 millones de acá hasta el año 2022 en materia de inversión minera.

Y para eso, va por la vía de la flexibilización impositiva, financiera y ambiental.

Acuerdo a cielo abierto

Así como la mega-minería ha sido puesto en agenda por derrames con cianuro, bloqueos selectivos en rutas o una represión policial contra una resistencia ciudadana, todo indicaría que este año será el Congreso de la Nación el que lo impondrá en la agenda nacional.

El ministro de energía y minería Juan José Aranguren (con saco claro) y el secretario de minería Daniel Meilán (a la izquierda de la imagen), en el anuncio del cierre de redacción del Nuevo Acuerdo Federal Minero. Ph: Ministerio de Minería y Energía.

La razón es porque en las dos cámaras legislativas vienen esperando la llegada del proyecto de ley para oficializar un Nuevo Acuerdo Federal Minero. El mismo, consiste en homologar las leyes tributarias que se le aplican a las actividades mineras, tanto las nacionales como las del ámbito provincial.

El texto, compuesto por una serie puntos, ya ha sido concluida y supuestamente ya fue repartida a todos los gobernadores del país y al presidente Macri, según señalan desde el Ministerio de Energía y Minería, el jueves 09 de febrero pasado. "El Acuerdo Federal Minero, que oportunamente deberá ser firmado por el Presidente de la Nación y los Gobernadores Provinciales, para ulteriormente ser ratificado por el Congreso de la Nación, busca afianzar una política de Estado Federal para homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera, creando así una nueva plataforma de despegue de la actividad, en un ámbito que cuente con la debida licencia social, promueva la responsabilidad ambiental y optimice los beneficios económicos de la misma; ofreciéndole a los inversores y a las comunidades las garantías de confianza y previsibilidad que solo los marcos legales ofrecen", señalan desde el ministerio de Aranguren.

El primer Acuerdo Federal Minero fue ratificada en julio de 1993, mediante la Ley Nacional 24.228, con la firma del presidente Carlos Saúl Menem. Dentro de la misma, incluye la firma de los gobernadores que adhirieron al acuerdo, varios de ellos son caras conocidas. Estos son: Eduardo Duhalde (Buenos Aires), Arnoldo Castillo (Catamarca), Rodolfo Tauguinas (Chaco), Carlos Maestro (Chubut), Eduardo Angeloz (Córdoba), Mario Moine (Entre Ríos), Vicente Joga (Formosa), Roberto Domínguez (Jujuy), Rubén Marín (La Pampa), Bernabé Arnauldo (La Rioja), Rodolfo Gabrielli (Mendoza), Federico Puerta (Misiones), Jorge Sobisch (Neuquén), Horacio Massaccessi (Río Negro), Roberto Ulloa (Salta), Juan Carlos Rojas (San Juan), Adolfo Rodríguez Saa (San Luis), Néstor Kirchner (Santa Cruz), Carlos Reutemann (Santa Fe), Carlos Mujica (Santiago del Estero), José Estabillo (Tierra del Fuego) y Ramón Ortega (Tucumán).

Entre los 23 postulados que plantea el Acuerdo Federal de 1993 se propicia "la eliminación de aquellos gravámenes y tasas municipales que afecten directamente a la actividad minera", "la eliminación del impuesto de sellos para todos aquellos actos jurídicos relacionados con la prospección, exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales" y "evitar distorsiones en las tarifas de energía eléctrica, gas, combustibles y transporte que pudieran afectar a la actividad minera".

Curiosamente, hay un punto 14 dedicado exclusivamente al medio ambiente, donde estipula la "necesidad de cumplimentar (…) una declaración de impacto ambiental", la posibilidad de reforestar en áreas mineras y destinar fondos para investigaciones que apunten al cuidado ambiental.

Enrique Viale es integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Se ha desempeñado como abogado litigante en famosos conflictos socio-ambientales del país, entre ellos el conflicto en Jáchal. Viene realizando varias publicaciones, entre libros y artículos, junto con la prestigiosa socióloga del CONICET, Maristella Svampa. Y ha otorgado conferencias sobre el saqueo ambiental por distintos países en distintos continentes.

En esta entrevista para Striptease del Poder, el abogado tiene el pronóstico que este año el debate político estará muy caldeado con la mega-minería, a partir de la entrada en discusión del Nuevo Acuerdo Federal. Señala que si bien el proyecto no tendría muchas diferencias con la aprobada en los noventa, declara que es "obsoleto" en todos sus planteos, luego de todo lo que ha ocurrido en estas dos décadas.

Enrique Viale

.¿Cómo caracterizas el marco jurídico que regula la actividad minera actual en la República Argentina?
-Hay un andamiaje jurídico minero impuesto en la década de los noventa, que se mantiene en la actualidad. Incluso, fue profundizado en los últimos años. Un andamiaje creado y que tiene la misma situación que en toda América Latina, que crea una serie de beneficios impositivos y financieros, más la flexibilización ambiental. Es decir: un combo que hace a la mega-minería sea sinónimo de saqueo y contaminación ambiental. Ahí tenemos la Ley de Inversiones Mineras (Nº 24.196/1993), sacada en la década de los noventa, que establece esta serie de beneficios. También el Acuerdo Federal Minero, vigente actualmente, es parte de esto. Y, para cerrar el combo, el Acuerdo Binacional Argentino-Chileno, que crea una especie de "tercer país" en la Cordillera para las trasnacionales mineras.

Fragmento del Artículo 8 de la Ley de Inversiones Mineras, aprobada en 1993, que garantiza la "gozosa" estabilidad fiscal durante 30 años.

-Con respecto al actual Acuerdo Federal Minero, el punto 14 hablaba de resarcir la cuestión ambiental con planes que fomenten la forestación de las zonas y las publicaciones de impacto ambiental. ¿Se ha cumplido eso en todos estos años?
-No, a ver: en primer lugar, hay que decir que estamos hablando de una actividad que no es sustentable. Por más buena voluntad que se le ponga, la actividad en sí misma es altamente contaminante para el ambiente, debido a sus características propias: por el uso de agua, por el territorio donde se trabaja, y por la utilización de químicos y explosivos. No hay forma de hacerla sustentable. Todo lo demás puede ser edulcorado, con un lenguaje que pretende convencer a las poblaciones que va haber un cuidado ambiental. Incluso, en el paper [del que sería el Nuevo Acuerdo Federal Minero] que anda dando vueltas dice lo mismo. Pero nada de lo que se dijo se cumplió. Ni siquiera cumplieron con lo mínimo. La legislación minera tiene la perversa tarea de tratar de eludir los principios ambientales que rigen para el resto de la sociedad. Sobretodo, los principios preventivos y precautorios. Si se regían por esos principios, las actividades no podrían realizarse. Entonces, hay toda una situación creada especialmente para la actividad y después hay mucho lenguaje que se pinta de verde, pero que no lo tiene como tal.

-El Acuerdo Federal Minero pretende lograr una homogenización entre las leyes mineras nacionales y las que son provinciales. ¿Cómo ha sido esa relación entre provincias y Nación en todos estos años en cuanto a estas actividades que se presentan?
-Lo que hubo fue -sobretodo en las provincias como San Juan, Catamarca y Santa Cruz- una convivencia de los gobiernos provinciales con los nacionales. Tanto el gobierno anterior como el actual, han tratado de eludir cualquier tipo de procedimiento de análisis ambiental. Desde el veto a la Ley de Glaciares hasta el no cumplimiento de la actual normativa. Hay toda una maquinaria aceitada para eludir la poca legislación ambiental que queda. Porque como dije, no hay forma que esta actividad sea sustentable. Entonces, ¿cómo caracterizo la relación de la Nación y las provincias? Como una relación que ha eludido el cumplimiento de las normas.

Gráfico de archivo del portal de noticias mineras Minning Press Argentina, donde muestra el origen provincial de las exportaciones mineras, cuando existían las retenciones a las mineras.

-¿Y eso apuntaría el Nuevo Acuerdo Federal Minero? ¿De eludir esas normas ambientales?
-No, el borrador que tenemos es más de lo mismo, con el mismo lenguaje. La legislación actual minera viene de los noventa, que es una legislación absolutamente obsoleta y que pretendió siempre eludir el resto de la legislación ambiental. Y ni siquiera está previsto el cierre de minas. La nueva legislación que se viene trata de confundir a las poblaciones, con algunos artículos. Pero sabemos que las poblaciones no son tontas y que tienen mucha experiencia en esto. Sabemos que va a ser muy resistido y no va a ser fácil hacer que los gobernadores lo firmen, luego de las respectivas aprobaciones legislativas. Esto va a ser una disputa legal en el 2017 muy grande. No se si en San Juan, donde es mas difícil y esta todo muy alineado. Pero si en otras provincias donde tienen prohibido la megaminería.

-¿Qué va a pasar con esas provincias donde está prohibida la mega-minería?
-Es probable que ellos van a ser parte del Acuerdo. Pero no tengo dudas que va a haber una resistencia muy fuerte. Los gobernadores la podrán firmar, pero a la hora de discutirla en las legislaturas provinciales van a generar una conflictividad muy grande. O en provincias que no esta prohibida pero que la conflictividad es muy grande, como La Rioja. Así que yo me imagino que en Córdoba, Mendoza, La Rioja y Chubut podrían ser las provincias con más conflictividad. Porque tienen que ser ratificadas por las respectivas legislaturas provinciales.

-¿O sea que solo ratificaría lo que ya se había firmado en los noventa?
Sí. Solo agrega algunos puntos para la tribuna que tiene que ver con la participación ciudadana y la responsabilidad social empresaria. Pero las poblaciones saben leerlo tranquilamente. Muy rápidamente uno lo lee y ya se da cuenta que es parte de lo mismo.

En el momento que se terminó de redactar este artículo de Striptease del Poder, el Nuevo Acuerdo Minero ya obtuvo su primer rechazo. Se trata de Mario Das Neves, gobernador de Chubut, una de las provincias donde está prohibida la actividad y que declaró que el acuerdo "no tiene nada novedoso y deja de lado todo el tema de contaminación que es el capítulo para nosotros importante".

Fragmento del Diario de Puerto Madryn, donde el gobernador de Chubut se adelantó en anunciar el rechazo al Nuevo Acuerdo Federal Minero.

El Decreto "Barrick Gold"

Un gran peligro que acarrea los proyectos mineros pegados a la Cordillera de los Andes es el impacto que generarían en los glaciares. Según el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales): "Nuestro país ocupa el segundo lugar después de Chile, que contiene el 75% del área total de glaciares sudamericanos. Estos porcentajes colocan tanto a Chile como a la Argentina en una posición privilegiada con respecto a otros países, pero también les otorgan un mayor grado de responsabilidad para el estudio, monitoreo y protección de los glaciares en esta región del planeta".

Definición de glacial, según la "Ley de Glaciares". Se la define a toda masa de hielo, "cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación".

"Si bien la nieve que se acumula cada invierno en la Cordillera de los Andes constituye la principal fuente de agua para los ríos del oeste argentino, en años 'secos' o con baja precipitación nival, los glaciares y partes que se descongelan de las crioformas tienen una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos ya que aportan volúmenes significativos de agua de deshielo a la escorrentía ayudando a minimizar los impactos de las sequías en las actividades socio-económicas de los oasis de regadío", señala el IANIGLA.

A finales de 2016, luego del segundo derrame de cianuro en la mian Veladero, los querellantes en Jáchal recibieron una serie de documentos filtrados donde revelan la estrategia que recurría el gobierno de Mauricio Macri para flexibilizar la protección de los glaciares y, así, avanzar con los emprendimientos mineros.

Se trata del borrador de un decreto reglamentario para reorientar la aplicación de la actual Ley de Protección de Glaciares (Nº 26.369). Dichos documentos, fueron presentados por Enrique Viale y su colega Diego Seguí, cuyo expediente quedó en manos del juez Sebastián Cassanello. Es así, que el juez federal ordenó una serie de allanamientos al Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, y del Ministerio de Ambiente, manejado por Sergio Bergman.

Según consta la orden de allanamiento se acusa por "diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero, y por ende con los derrames producidos durante los días 12 y 13 de septiembre de 2015 y 08 de septiembre" del 2016.

Fragmento del orden de allanamiento del juez Cassanello a los ministerios de minería y ambiente.

 

La modificación que postula el decreto es la de reducir el concepto de glaciares a todo aquello que cubre como mínimo una hectárea, con lo cual los que ocupan menos estarían exentos de ser protegidos por la ley. Mientras que a los llamados glaciares de escombros se reduce a una mera inspección en la cuestión hídrica, pero no completando todo el monitoreo ambiental correspondiente.

Fragmento del borrador del decreto reglamentario, donde estipula que las inspecciones de glaciares solo será para aquellos que cubren un área mínima de un glacial. También incluye uno de las tantas correcciones del adjetivo "ambiental" para reducirlo a "hídrico".

Una explicación del porqué reducir lo ambiental a lo hídrico es porque algunos glaciares de escombros, como parte de los ambientes periglaciares, tienen arroyos que son subterráneos con una profundidad de varios kilómetros por deabajo. Con lo cual, quedarían exentos de la inspección hídrica y así quedar desamparados de la Ley de Glaciares.

Ejemplo de un glacial de escombros activos. Ph: H. Gargantini.

Viale comentó a Striptease del Poder que en la redacción del decreto habría participado la Secretaría de Minería, a cargo de David Meilán, quien fue también subsecretario de minería durante el periodo 1994-1999, época en que Menem firmaba las primeras leyes mineras mencionadas.

-Si el Acuerdo Federal Minero apunta a la flexibilización impositiva, ¿este decreto reglamentario apuntaría a la flexibilización ambiental?
-Sí, exactamente. El que habría participado de este decreto, insólitamente, es la Secretaría de Minería de la Nación. Digo insólitamente porque esto es para una ley de protección de glaciares, tratando de flexibilizar la ley inconstitucionalmente. Esto hay que decirlo, porque no podes mediante un decreto reglamentario modificar los alcances de una ley en normativa. En este caso, hablamos de la definición misma de glaciares, haciendo una insólita reducción a los glaciares a más de una hectárea. Esto favorecería expresamente y taxativamente a Barrick Gold, en el emprendimiento de Pascua-Lama, porque tienen un glacial en medio del casco que quieren hacer en Lama, es decir en el lado argentino, con un glacial que mide 0,7 hectáreas; o sea, menos de un hectárea. Esta hecho especialmente para esto.

Glacial Toro 1 cubierto de polvo por las explosiones en Pascua Lama. Ocupa un área de 0,7 hectáreas. Con lo cual, según el borrador del decreto reglamentario, no estaría amparado en la Ley de Glaciares. Gentileza: InfoBae.

-¿O sea que estaríamos hablando de un "decreto Barrick Gold"?
-Así es. No solo Barrick Gold. En la investigación que viene llevando a cabo Cassanello, en uno de los allanamientos también encontramos un documento que establece que con el 10% del inventario hecho, al menos 40 proyectos mineros están violando la Ley de Glaciares, algunos ya en constitución. Es decir: el decreto está hecho pensado en eso. Y ahí está en esos documentos que nosotros filtramos un Power Point, que lo había hecho la Secretaría de Minería, hablaba de los miles de millones de dólares que se perderían por culpa de la Ley de Glaciares. En esos se incluye el proyecto de Veladero, Pascua-Lama y Agua Rica. Es decir, grandes proyectos mineros, algunos a futuro, que vienen a violar la Ley de Glaciares. Entonces el objetivo es reducir notablemente los peri-glaciares, haciendo una especie de examen hídrico a cada uno, cosa que no dice la ley. La Ley de Glaciares dice que los glaciares se los define en sí cualquiera sea su forma y dimensión. También en el peri-glacial, que para nada dice la ley que se reduce a eso.

Fragmento del borrador del decreto reglamentario. En ella, dentro de los glaciares de escombros, se observa que se borra la parte donde se estipula su Evaluación Ambiental Estratégica para reducirla solo a un Estudio de Significancia Hídrica

-¿El decreto da alguna justificación de por qué esas reducciones?
-No. La explicación informal, y delirante, que dan es que no se registran en los satélites. Cuando vos podes ir al Google Maps y podés ver hasta las piletas de las casas. Eso sería una explicación medio risueña. Pero la explicación real se da en los propios comentarios que se hacen sobre el borrador de este decreto. En el borrador que nosotros filtramos están los comentarios, que están al margen, en los comentarios de Word, en donde todos están apuntalados a ver la forma de eludir el cumplimiento de la ley.

-¿Por ahora ese decreto es un borrador, no es que se haya publicado en el Boletín Oficial?
-No, no. Es un borrador que no ha sido firmado. Ojala que la discusión pública, y con el escándalo que se generó, haya frenado esa locura.

Foto de archivo del presidente Macri, con los ministros Aranguren (energía y minería) y Bergman (ambiente).

-Todo esto parecería ser que apunta a las inversiones provenientes del extranjero. Porque luego del fracaso de 2016, el gobierno de Macri está interesado particularmente en atraer inversiones provenientes de la actividad minera.
-No tengo dudas de eso. Uno de los primeros actos de gobierno fue la quita de retenciones a la actividad. Anunciadas a pocos kilómetros donde había ocurrido el primer derrame de la Barrick. Lo que parecía risueño era la puesta de Sergio Bergman como ministro de ambiente, un tipo que decía que no conocía esta actividad. Nosotros creemos que por su actividad, en su primer año donde recorrió las provincias donde hay resistencia social a la megaminería, terminó diciendo que la actividad minera era una política de Estado. Creemos que es un acto premeditado en ese rol de "dialogador". Así que más que un ministro de ambiente, se convirtió en un ministro para ayudar en los lugares donde hay conflicto. Eso es algo que hay que analizarlo. Nosotros avizoramos para el año 2017 y 2018 una gran conflictividad social, porque hay una voluntad expresa del Ejecutivo en avanzar esta actividad





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El mundo vuelve a la normalidad: el proteccionismo

por Abel B.

Se que leer Clarín es un esfuerzo, y hasta algunos lo pueden considerar un sacrificio. Pero sostengo que a veces -quizás por una inadvertencia de los redactores, o el atormentado fantasma de don Rogelio Frigerio (abuelo) que ha sido visto paseándose por las oficinas- se filtran notas interesantes. Ésta que apareció hoy, de la autoría de Víctor Becker, veterano economista radical y nada kirchnerista, es una. Breve comentario mío al final.

Las propuestas políticas y económicas de Donald Trump tienen desconcertados a la mayoría de los analistas. En particular, en el plano económico, estábamos acostumbrados a que el discurso proveniente del Norte fuera en defensa del libre comercio y súbitamente aparece un líder con ideas semejantes a las que veníamos escuchando de boca de los dirigentes tercermundistas.

Sin embargo, estas ideas no son nuevas en la dirigencia estadounidense. Más aún, salvo en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue un país esencialmente proteccionista.

Tras independizarse de Gran Bretaña, la segunda ley aprobada bajo la presidencia de George Washington fue la que establecía las tarifas sobre las importaciones. No por nada el primer Secretario del Tesoro era Alexander Hamilton, un destacado defensor del proteccionismo económico. Sostenía que "mantener una competencia en igualdad de condiciones, tanto en cuanto a calidad como a precio, entre un establecimiento nuevo de un país y los establecimientos de larga maduración de otro país, es, en la mayoría de los casos, impracticable". Concluía en la necesidad de una ayuda extraordinaria y protección del gobierno para desarrollar la industria local.

Los únicos defensores del librecambio en Estados Unidos eran los dueños de las plantaciones del Sur, que, gracias a la mano de obra esclava, podían vender barata su producción en el mercado mundial. Sus votos se inclinaban mayoritariamente hacia el partido Demócrata. Lincoln –un republicano y convencido proteccionista- quebró la resistencia del principal bastión librecambista en el país.

Mientras Gran Bretaña fue la primera potencia económica mundial, Estados Unidos –al igual que Alemania, Francia y Japón- abrazaron el proteccionismo para impedir que la competencia de las importaciones baratas de aquel país impidiera el desarrollo de la industria local.

En palabras del presidente republicano William McKinley (1897-1901): "Bajo el libre comercio, el comerciante es el amo y el productor es el esclavo. El proteccionismo no es sino la ley de la naturaleza".

Todo cambió tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos surgió como la primera potencia mundial y allí abrazó el credo del librecambio como forma de abrir los mercados externos a sus exportaciones. Así lo había vaticinado el presidente Ulisses Grant (1869-1877): "Después de dos siglos (de proteccionismo), Inglaterra ha encontrado conveniente adoptar el libre comercio porque piensa que no hay ya nada que el proteccionismo pueda ofrecerle. Muy bien, caballeros, mi conocimiento de nuestro país me lleva a pensar que dentro de 200 años, cuando Estados Unidos haya obtenido de la protección todo lo que ella puede ofrecer, también adoptará libre comercio".

Quizá no hay palabras que mejor expresen el pensamiento trumpista que las del varias veces precandidato a presidente por el partido Republicano Pat Buchanan y ferviente partidario del nuevo presidente: "Detrás de un muro tarifario construido por Washington, Hamilton, Clay, Lincoln y los presidentes republicanos que siguieron, los Estados Unidos han pasado de ser una república agraria costera a convertirse en la mayor potencia industrial que el mundo jamás ha visto, en apenas un siglo".

No hay nada novedoso en el credo económico adoptado por el presidente Trump que regresa a las tradiciones del partido republicano dejadas de lado sólo durante el periodo 1950-2016.

El librecambio ha sido históricamente la bandera de los que tienen todo para ganar del comercio internacional. Lo fue de Gran Bretaña hasta 1930, la de Estados Unidos posteriormente y es la de China actualmente. Por eso mismo el mercado laboral y el de productos agrícolas de los países centrales permanecieron, aún durante el proceso liberalizador, guarecidos tras poderosas barreras a la inmigración y a la importación de tales productos.

La liberalización de los flujos de capital estimuló la inversión en los países donde la producción era más barata. En un mundo totalmente globalizado, buena parte de la producción industrial se concentraría en China, por el bajo costo de su mano de obra. Para evitarlo, Trump intenta trabar la circulación de capital imponiendo sanciones a las empresas que inviertan en el exterior. Su objetivo es generar empleos industriales en estados como Ohio, Pennsylvania o Illinois, que son críticos en la definición de cualquier elección nacional. Su postura sirve para recordar que en materia de comercio e inversión internacional las naciones no se guían por principios sino por intereses.

El giro hacia el proteccionismo no dejará de producir efectos. Los consumidores americanos deberán pagar más caros los productos que hoy importan y seguramente habrá represalias de los países que resulten perjudicados, que abrazarán esquemas igualmente proteccionistas.

Frente a este panorama, Argentina debería repensar su estrategia comercial pensada para un mundo que no es el que imperará en los próximos años. ¡Ojalá esta vez no lleguemos a la estación cuando el tren ya haya partido!

El título del posteo es mío, y es una exageración. Es cierto que ningún país con "densidad nacional" -el término es de Aldo Ferrer- ha dejado de proteger las actividades que interesaban a una parte considerable de su población de la competencia extranjera. Pero la mayoría de los países no ha logrado esa densidad nacional.

En especial, cuando existe un gran desequilibrio en el poder de una de las partes, surgen en el país más débil sectores que implantan una economía de "plantación": monoproductores para un mercado externo. Esa ha sido una historia que se vio en África, Asia del Sur y buena parte de América Latina en los siglos XIV a XIX. Y todavía persiste, cómo no.

Pero la etapa actual de la globalización ha terminado por lograr que el librecambio esté perjudicando a sectores numerosos de los ciudadanos de las Potencias. Sólo China, amparada en su disponibilidad de mano de obra -comparativamente- barata combinada con el avance tecnológico puede ser librecambista sin inhibiciones hoy. Y aún ella deberá enfrentar en el futuro la competencia de nuevos actores, India, y en Asia del Sureste. No dudo que aplicará proteccionismo, llamándolo de otro modo.

El punto, que correctamente Becker deja abierto, es cómo nos enfrentamos los argentinos la nueva situación global, una vez descartada la actual desubicación macrista. Tema para otro posteo.





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SON TIEMPOS EN LOS QUE HAY QUE TOMAR ALGUNOS RECAUDOS


Un hecho que trasciende en algunos medios varios días después de haber sucedido: el 15 de Diciembre de 2016 en horas de la tarde, Cecilio Salguero estaba haciendo pintadas callejeras en su ciudad, La Calera (Pcia. de Córdoba), reclamando por la liberación de Milagro Sala.

Pintaba con aerosol "Una navidad sin presos políticos" y "Liberen a Milagro Sala"  en una pared de un barrio privado de las afueras de La Calera, cuando cuatro hombres de civil lo subieron a la fuerza a un auto sin identificar, lo golpearon y lo trasladaron a la Comisaría 24 de La Calera.

En plena tarde, el auto blanco sin identificar se dirigió hacia la Comisaría 24 mientras los cuatro civiles lo insultaban: "Peronista hijo de puta, ¿por qué defendés a esa mina que es una delincuente?" Los cuatro civiles dejaron a Salguero en manos del comisario y no volvieron a aparecer.

Salguero estuvo encerrado, incomunicado y sin alimento. Lo interrogaron "diez horas seguidas", todo sin ninguna causa, sin denuncia y sin ninguna orden judicial.

"El comisario ordenó a un agente que me ponga las esposas y me lleve a una celda de aislamiento. Le dije que me deje hablar con mi familia y mi abogado, cosa que no hizo. Estuve diez horas incomunicado y desaparecido en la comisaría de La Calera. Me torturaron psicológicamente. Me pusieron en una celda solo. No me dieron colchón ni frazadas ni almohadas, así que no pude dormir; no me dieron cena. Y me estuvieron interrogando toda la noche. Me interrogaron sobre política, me preguntaron si era kirchnerista, por qué pintaba por esa delincuente, por qué teniendo 72 años no me dejaba de joder con la política y me dedicaba a criar a mis tres nietos"

 Salguero, hoy de 72 años, fue secuestrado y desaparecido en el año 1977 por el Tercer Cuerpo del Ejército, y  pasó por La Perla y el Campo de la Ribera, dos grandes centros clandestinos de detención de Córdoba.

Por lo que le sucedió éste 15 de Diciembre, Salguero responsabiliza al "macrismo cordobés" de su "secuestro exprés", como definió lo que vivió, y presentó denuncias judiciales el día 16 de diciembre de 2016, cuando fue liberado. Manifestó que "Considero que así como Milagro Sala está detenida en Jujuy por el macrismo jujeño, que viola los derechos humanos de ella con sus métodos, el macrismo cordobés desarrolló éste que me tocó vivir a mí para aterrorizar a los militantes populares".

El  PRO y sus socios económicos, para poder seguir con el saqueo del país, están financiando y dejando actuar sin ningún control a viejos y nuevos grupos de tareas en todo el país. Habrá que estar atentos y tomar algunos recaudos.





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"El rol de Clarín en todo el caso AMIA fue nefasto"

 agenciapacourondo.com.ar

"El rol de Clarín en todo el caso AMIA fue nefasto"

Redacción A.P.U.

El periodista y abogado Horacio Lutzky es autor del libro "Brindando sobre escombros", que resume una investigación de 15 años sobre el caso AMIA. Su mirada sobre el caso, las diferentes pistas de investigación y sobre el papel de los principales medios. 

Por Enrique de la Calle

APU: Se está desarrollando un juicio por encubrimiento, a partir de lo que fue la investigación del ex juez Juan José Galeano. Sorprende (o no, en realidad) el silencio de los grandes medios sobre ese juicio. ¿Cuál fue el rol de los medios después del atentado?

Horacio Lutzky: El rol de los medios varía de discreto a lamentable. Cuando se cayó el juicio trucho AMIA I, hubo una encuesta a 10 periodistas que investigamos el caso y las respuestas fueron unánime sobre el papel desastroso de los medios de comunicación. Algunos tuvieron un rol nefasto. Me refiero concretamente al Grupo Clarín. Hoy eso sigue viendo con el silencio en torno a este juicio por encubrimiento. Clarín ignora lo que está pasando en las audiencias. Son hechos que deberían ser tapa, incluso.

APU: ¿Por qué cree que Clarín y otros medios acompañaron las hipótesis de investigación del ex juez Galeano, a pesar de las evidentes irregularidades?

HL: Te voy a leer lo que escribió un periodista, es algo que no es muy recordado. Es de un periodista que ahora trabaja para el Grupo Clarín. Te leo textual (salió en La Maga, en 1998), de Gabriel Levinas: "El periodista Omar Lavieri hace un pacto con Galeano. Hubo testigos del pacto, y se puede mostrar leyendo Clarín. En Clarín hubo una reunión con Galeano, donde hay un testigo que es amigo mío y está dispuesto a declarar. Pero no hizo falta ya porque Lavieri habló y dijo que el pacto no lo hizo él, sino Clarín". Esto es una afirmación muy grave y pone la lupa sobre el rol de un gran medio de comunicación en torno a lo actuado por el ex juez Galeano. Si esto así como dijo Levinas, esto explicaría la actitud actual del diario, que está comprometido con una historia y niega otra, como por ejemplo la pista siria. En eso tuvo mucha responsabilidad el periodista Daniel Santoro, que tiene un interés acentuado en publicar que esa pista es una fantasía. Eso es falso.

APU: No recuerdo quién ahora dijo cosas muy graves de Santoro, como que hacía las tapas de Clarín en el despacho de Galeano.

HL: No lo sé, no tengo elementos para afirmar eso. Pero no me cuesta imaginar la situación por esto que te decía antes. Es verosímil.

APU: ¿Cuál fue el rol de La nación?

HL: Una cosa es la línea editorial, que tiene ver con la utilización política de la causa AMIA. Es lo que pasa también hoy. Pero por otro lado rescato a alguno de sus periodistas. Quisiera rescatar en particular a Jorge Urien Berri, un verdadero maestro. Sus investigaciones fueron muy importantes. Lamentablemente no se vieron más sus notas.

APU: Galeano siguió siempre la llamada pista iraní. Por supuesto, toda la investigación de Galeano fue cuestionada por las irregularidades que ahora están en juicio. Sin embargo, la pista iraní siguió siendo, hasta hace dos años, la principal línea de explicación de lo que pasó en AMIA. ¿Por qué ocurrió eso?

HL: Ahí tiene que ver con la geopolítica del momento y posterior, que nos remite a acuerdos secretos, a tráfico de armas, a acuerdos previos entre víctimas y victimarios. En los servicios se maneja más información de la que se vuelca al expediente, pero se eliminaron las constancias materiales, porque eso involucraba a gente muy poderosa a nivel local. Se dejaron a los autores mediatos. Hasta el día de hoy todo está sustentado en informes de Inteligencia. Por mi parte, no descarto la coparticipación de Irán, pero por motivos diferentes a los que están en la causa. Creo que los estados y los servicios de inteligencia tienen su propia agenda.

APU: En el caso AMIA todavía hoy no se conoce con precisión si hubo o no un coche bomba, y si se trató de un suicida. ¿Cuál es su visión sobre ese punto?

HL: Si de algo no se puede hablar en la causa AMIA es de certezas. Es así. Ahora aparece una supuesta nueva evidencia sobre la Trafic, que para mi no lo es. Si algo aprendimos de la causa AMIA es a desconfiar de la multiplicidad de pruebas que aparecen de la nada. Miles de veces pasó. En algún momento se había dicho que el autor del atentado era Osama Ben Laden. A fines de 2001 se dijo eso: fue tapa de muchos diarios. El ex fiscal Alberto Nisman anunció en conferencia la existencia de pruebas sobre un conductor suicida. Fue un papelón. En el caso de la Embajada dijeron que identificaron al suicidida por un supuesto dedo gordo que dijeron pertenecía a una persona acostumbrada a caminar descalza, que entonces provenía de Medio Oriente. que ahora aparezca una nueva prueba, con restos de la supuesta Trafic, no me convence para nada.

APU: ¿Qué rol cumplió Nisman en el encubrimiento de AMIA? ¿Estaría imputado en el juicio si estuviera vivo?

HL: Lo conocí personalmente. Tengo muchas críticas pero no me gusta ser determinante. Hacía años que Nisman no se dedicaba a investigar y se había sumado a este engranaje nacional e internacional que estaba para otra cosa. No obstante lo cual, en un primer momento, por los años 2004, 2005, impulsó algunas actuaciones que parte de ellas posibilitaron este juicio. Después se arrepintió y pidió disculpas en la Embajada de Estados Unidos y nunca más se metió con el tema. Su papel fue decepcionante. Se dedicó a hacer política, negocios, viajes. Esa es mi evaluación. Si debió estar procesado no lo sé, pero no me extrañaría. Él formó parte del equipo con Eamon Mullen y José Barbaccia (dos ex fiscales que están imputados) y llevó adelante la acusación contra Carlos Telleldín. Tuvo un lamentable hecho cuando denunció a Nilda Garré al final del gobierno de De La Rúa, cuando se estaba investigando la pista siria y la local. Tuvo un papel penoso. Por supuesto no me sumo a la muerte y no hago un festival de todo eso: creo que eso también merece un esclarecimiento.




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¿esta la leíste? Que no se te pase, es una radiografia de la corrupcion

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Abren sumario al director de tecnología

Por Irina Hauser

El centro de datos del Poder Judicial, más conocido como data center, es el lugar donde están  los servidores informáticos de todos los tribunales nacionales y una base con el contenido de los expedientes judiciales (declaraciones, resoluciones, peritajes, presentaciones). Está ubicado en diagonal al Palacio de Justicia, en Lavalle 1240. El día que fue inaugurado en 2010, la Corte Suprema lo presentó como "un área de máxima seguridad, que albergará la más alta tecnología de almacenamiento y procesamientos de datos". El 11 de abril del año pasado, uno de sus responsables más altos entró con un coequiper ingeniero a la sala de máquinas y anuló el sorteo informático que opera desde allí que le asignaba la causa sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman al juez federal Sebastián Casanello. "Me lo pidió la secretaria de la Cámara Federal", se justificó ante su jefe, según consta en una investigación interna. El argumento era que uno de los monitores del tribunal mostraba un cartel de falla y el sistema se "colgó", lo que en teoría dificultaba terminar la asignación del caso a Casanello.  El increíble episodio, en un tema de extrema sensibilidad, terminó en denuncias penales y administrativas que un sinfín de funcionarios judiciales se empeñaron en minimizar durante meses.  Pero parece que 2017 empezó con nuevos bríos e informes reveladores en el Consejo de la Magistratura y en tribunales que llegan a una misma conclusión estremecedora: el sistema informático judicial es altamente vulnerable, cualquiera con cierto acceso puede hasta modificar una declaración o enterarse de una orden de allanamiento. Y con apenas una dosis más de sofisticación es posible elegir el juez deseado en cualquier fuero para determinado expediente.  

El jueves último el Consejo de la Magistratura (organismo que elige a los jueces, sanciona y administra fondos) fue escenario de dos novedades ligadas al tema. El plenario decidió abrir, tras casi un año,  un sumario contra el director general de tecnología, Gabriel Mehlman, el funcionario que anuló el sorteo que le daba el caso Nisman a Casanello,  juez de poco agrado del Gobierno,  y ejecutó otro que se lo asignó a Julián Ercolini, a quien el oficialismo considera funcional y a la vez es leal al presidente de la Corte,      Ricardo Lorenzetti.  El macrismo, además, forzó la renuncia del administrador general del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría, abogado e ingeniero, hijo de la jueza María Servini de Cubría, superior directo de Mehlman en el Consejo.  "¡No podés entrar a la base de datos y borrar el registro sin una orden escrita!", lo reprendió Cubría cuando el tema salió a la luz, según consta en su testimonio que dio a los auditores del Consejo pero que todavía no ofreció en el expediente penal, a cargo del juez Claudio Bonadío, simplemente porque no fue citado. El macrismo y sus aliados políticos y judiciales forzaron la renuncia de Cubría, le dieron otro cargo para disimular, y pusieron su reemplazo a un hombre propio: el licenciado en administración de 28 años Agustín Cinto, antes funcionario del gobierno porteño. A Cubría le desconfiaban, porque había sido nombrado administrador por el kirchnerismo, y porque dejó que avance la pesquisa sobre la permeabilidad de los sistemas, y no avala cambios que se avecinan como la centralización del sistema electoral informático ni el traspaso de los tribunales nacionales a la ciudad de Buenos Aires,  que necesitarán fondos. 

El sistema que utiliza todo el Poder Judicial desde 2010 se llama Lex100 y centraliza la información en el data center. Su licitación también fue denunciada por el pago de un posible sobreprecio. Hasta hace poco había un grupo de personas que tenían acceso al sistema a través de una clave genérica. Se habían distribuido 26 claves de este tipo, pero en  ningún lugar se halló registro alguno de quiénes las tenían. Con esas claves se puede acceder al grupo de servidores que está en una sala llamada "cofre", que es una suerte de bóveda. Ahí operan los sorteos, no sólo para asignación de causas sino, por ejemplo, de peritos. Es decir: el sorteo se ordena desde una computadora en otro edificio pero lo ejecuta el sistema que está en Lavalle. Las bases de datos Oracle, que contienen expedientes, al parecer son algo más seguras. Pero entre 400 y 500 funcionarios tienen acceso remoto, es decir, hasta pueden abrir documentos de una causa desde una notebook en un bar si quieren. La mayor parte de las maniobras, además, no dejan rastros. En el caso de los sorteos y para acceder al "cofre" hacen falta "códigos fuentes". Luego unos "mapas" informáticos específicos son los que ayudan a llegar a la información buscada. Los sorteos están estipulados de manera que los juzgados más sobregarcados van quedando eximidos de recibir causas. Es una forma simple, explican expertos a PáginaI12, se lograr elegir juez: quien incide en la programación puede seleccionar qué jueces descarta. Se supone que son pocas las personas que manejan el quid de los sorteos, pero las hay. 

Stiuso marca tendencia

La causa sobre la muerte de Nisman tramitó más de un año en la justicia ordinaria, en el juzgado de Fabiana Palmaghini y la fiscalía de Viviana Fein. Cuando reapareció el ex jefe de operaciones de la ex Side  Antonio Horacio Stiuso, después de haber estado refugiado en Estados Unidos con una sombra de amenaza de causas penales, declaró un día entero y sugirió que al fiscal lo mataron, tal como insiste la ex esposa del fiscal Sandra Arroyo Salgado. Ese testimonio fue la base de la decisión de Palmaghini de aceptar que la causa vaya al fuero federal, siempre más dispuesto a las negociaciones políticas. No firmó el cambio de fuero, la causa fue rapidísimo a sorteo en la Cámara Federal y no dio tiempo a nada. En el momento de activar el botón crucial había periodistas, además de secretarios del juzgado de Palmaghini y de la Cámara.  Todos vieron que salió asignado el juzgado 7, de Casanello, y que luego un monitor mostró una falla, pero en otro se seguía viendo el resultado, sólo que esa máquina no permitía continuar el trámite. Aun así, llegó a ser notificado automáticamente el Centro de Información Judicial (la página de noticias de la Corte), que lo tuvo cuatro minutos publicado en su página. 

La secretaria de la Cámara, Susana Echeverría, llamó a Mehlman, que después se sinceró con Cubría y le contó que le indicó, de parte del presiente de ese tribunal, Martín Irurzun, que anulara el sorteo para que se hiciera uno nuevo. Mehlman fue con el ingeniero Marcelo Domínguez al lugar donde están las máquinas pero tardaron dos horas y media en rastrear la operación exacta de la causa Nisman entre todos los cientos de sorteos de todos los fueros. O sea que recién entonces se conoció el nuevo juez, Ercolini.  Era tan ostensible que fue una maniobra fuera de los cánones y a esa altura lo sabían tantas personas, que Irurzun hizo una denuncia penal antes de que otro lo denunciara a él. La causa le tocó a Bonadío pero aún no llegó a nada. La prevención sumaria del Consejo empezó a acumular testimonios: uno de los secretarios de Palmaghini, presente en el sorteo, dijo claramente que le notificaron el juzgado 7 pero después una secretaria le pidió que esperara porque se había trabado el procedimiento. El se quería ir, porque tenía que seguir con su trabajo, pero lo hicieron esperar más de dos horas con el argumento de que podía suceder, pero después le cambiaron el juzgado. 

En el Consejo, cuando empezaron a analizar el tema con expertos, advirtieron que elegir  el juez era un procedimiento sencillo desde el punto de vista informático, pero anular una acción no estaba previsto, lo que hizo todo más complicado. También supieron que el procedimiento que se había utilizado para encriptar la declaración de Stiuso a pedido de la jueza Palmaghini, era muy similar al que tuvieron que usar para anular el sorteo. La encriptación había llevado cuatro  horas de trabajo con ocho técnicos presentes. Para protegerla utilizaron un sistema de "doble llave", o sea, se accede con dos pen drive distintos que se colocan al mismo tiempo, si no es imposible. Un "juego de llaves" se lo quedó Palmaghini y lo guardó en su caja fuerte, otro se lo quedó Mehlman y un tercero el subdirector de seguridad informática, David Conte, quien también lo dejó en la caja de seguridad de su despacho. Conte se fue de vacaciones en diciembre último. Cuando volvió el 2 de enero a su oficina, no lograba abrir con su llave de siempre. Resultó ser que habían cambiado la cerradura. Al entrar, horas más tarde, ya no estaban sus pertenencias, ni lo que había dejado en la caja de seguridad, entre esas cosas las llaves y la clave cifrada para acceder a la denuncia de Stiuso. Al declarar, Conte dijo que la única persona que tenía acceso al despacho y la caja era Sebastián Gómez Junco, jefe del departamento desde 2016. Ahora también hay una causa por el robo de ese material. 

Mehlman nunca reconoció por escrito ni bajo declaración que anuló el sorteo, como declaró Cubría que le contó. Sólo dijo que se había ocupado de solucionar lo que consideró una falla técnica. Lo cierto es que después del incidente del caso Nisman, el sistema empezó a tener errores frecuentes, como asignar una misma causa a tres juzgados a la vez.

Peritaje lapidario 

La jueza María Servini de Cubría también investiga el sistema de sorteos a raíz de una denuncia que recibió de parte de un grupo de martilleros que se quejaban de que siempre eran elegidos los mismos para  las subastas y procedimientos más importantes. Después se sumó Elisa Carrió, un día que la escuchó decir a la jueza públicamente que los sorteos eran vulnerables. Servini ordenó dos allanamientos en la dirección de Informática del Consejo y un peritaje que encomendó a la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana y el Departamento de Seguridad Informática de la AFIP, que es el organismo público que tiene el sistema más sofisticado de todos. El informe fue firmado el 25 de enero último.

En las primeras páginas hace un relato de los primeros inconvenientes y situaciones irregulares. La comitiva policial, relata, accedió a la sala cofre "sin verificación de los permisos o credenciales pertinentes" y durante el procedimiento entraban y salían personas que no se sabe quiénes eran. "No se cumplió ningún procedimiento ni política de seguridad para acceder a la sala      cofre", advierte el informe.  Luego vienen párrafos alarmantes: 

  • "Lo más grave a nivel de seguridad lógica es que el usuario denominado root (super usuario del sistema operativo con facultades para crear, borrar, modificar permisos, archivos, usaurios y auditorias) tenía una clave de acceso conocida por la mayoría del personal, lo que permitía que habitualmente ingresen con dicho usuario y efectúen cualquier operación sin control alguno no pudiendo registrarse ni identificarse quien lo hizo y hasta pudiendo borrar todo el equipo. También con un usuario root es posible sublimar un usuario pudiendo acceder a obtener, alterar y eliminar archivos y documentación sensible". 
  • "El usuario encargado de cargar y sortear las causas utiliza el sistema informático analizado. Dicho sistema posee una lógica de asignación predecible lo que permite inferir considerablemente en el resultado del sorteo, por lo cual no se asegura la aleatoriedad del sorteo. Por ejemplo: si el encargado de cargar las causas en el sistema tendría algún interés en dirigir la asignación de una causa a determinado juzgado podría cargarlas en un orden determinado dejando la que le interesa asignar hasta el momento que pueda inferir el resultado consiguiendo su cometido. Esto se debe a la acumulación de causas recibidas en los juzgados sorteados parámetro que tiene en cuenta el sistema para realizar el sorteo y este es deducible para el usuario. Se debería utilizar una función totalmente aleatoria para el sorteo, por ejemplo la función RAND."
  • La base de datos está alojada "en los servidores de la sala cofre", lo que los vuelve accesibles desde allí mismo o de manera remota. Esa base "es producto de Oracle Corporation y  es un tipo RDBMS que quiere decir que sus datos están organizados de forma tal en un conjunto de tablas y otros objetos relacionados entre sí". Se usa con una licencia que se renueva anualmente pero "se determinó que la misma estaba sin soporte ya que la licencia de uso había vencido hace dos años, esto implica que todos los datos que se resguardaban en la misma ante un inconveniente estaban sin actualizaciones ni respaldo técnico oficial. El lenguaje que utiliza se llama SQL y si no hay medidas de seguridad es posible acceder al sistema operativo para quien tiene una clave de "superusuario". Puede modificar y borrar contenido. En esa base es donde están los expedientes judiciales. "La seguridad en la base de datos es deficiente", advierten los peritos ya que permite realizar cambios. Los registros de un sorteo, por ejemplo (hora, día, resultado) "pueden ser eliminados" manualmente. 
  • "No existe documentación" que diga quiénes son los usuarios que se pueden conectar "de manera remota". "No se cumple con los requerimientos mínimos de la seguridad de la información". 

Como próximo paso los expertos harán un análisis "forense" de los servidores y los discos que podría revelar en qué medida fueron alterados. 

En el caso de Nisman vino a reflotar un asunto conocido en tribunales pero que todo el mundo trata de eludir con elegancia. En 2011 se detectó a través de escuchas telefónicas que tenían por protagonistas al ex titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, a un operador de la ex Side y a un ex secretario de la Cámara de Casación Penal, que se había manipulado el sorteo de la causa sobre el asesinato de Mariano Ferreyra, por la que el dirigente ferroviario corría riesgos de ir preso. Para intentar evitarlo (mientras sí quedaba detenida la patota de su gremio) buscó que fuera asignada una sala específica de Casación, que debía decidir sobre la suerte de todos los imputados. Hasta el contador de la UF fue detectado con una valija con 50 mil dólares para esta gestión. Todo fue rápidamente dilucidado, pero la causa no llegó ni a juicio oral y los jueces implicados fueron desvinculados. 

Lo que está camino a quedar a la vista, si hay voluntad de esclarecimiento, es un modus operandi, que podría abarcar a muchísima gente. Sería ingenuo focalizarlo en uno o dos funcionarios con acceso al sistema, al igual que no mirar qué pasa en las cámaras donde comienza el procedimiento ni recordar que la base de datos es de la Corte Suprema por una acordada del año pasado. Y no atender a las causas de gran peso político que se abrieron en el último año. Es elocuente, y escalofriante, que en el punto de partida estén el caso Nisman y la figura de Stiuso, el histórico operador de inteligencia en los tribunales, el que atravesó varias administraciones,  el que ese emblema de la sociedad entre espías y jueces. 





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