miércoles, 22 de marzo de 2017

Las miserabilidades.

 No dejan de desmantelar  los Derechos Ciudadanos y vulnerar  la Ley, para salvaguardar sus kioscos. JGC

Nombraron jueces de la Corte por decreto y tomaron por asalto la mayoría en el Consejo de la Magistratura, pero hicieron un listado de jueces y fiscales a los que quieren echar, y les pidieron el juicio político a los camaristas laborales que fallaron a favor de la paritaria de los bancarios.

Mutilaron de un plumazo la ley de medios a pedido de Clarín, pero le autorizaron a Clarín la compra de Nextel, y a operar en el 4G.

Rebajaron de 74 medicamentos a 4 la cobertura del Plan Remediar, pero sacaron el 100 % de la cobertura de medicamentos del PAMI.

No convocaron a la paritaria nacional docente, pero el presidente dijo en el Congreso que Baradel no necesita que lo cuiden, llamaron a "voluntarios" para dar clases e instituyeron un premio en dinero por carnerear.

Están regalándoles a los operadores privados frecuencias de ARSAT y paralizaron la construcción del tercer satélite argentino, pero terminaron con el Conectar Igualdad.

Eliminaron el Plan Sonrisas, y abandonaron el Plan Qunita.

Empezaron el desguace del Fondo de Garantía de la ANSES, pero modificaron el PROCREAR haciendo que los préstamos los den los bancos, y sean indexados.

Desmantelaron "Precios Cuidados" y el "Ahora 12", pero fracasaron con "Precios Transparentes"

Están destruyendo el MERCOSUR, pero desoyen reclamos de la ONU y la CIDH por la situación de los derechos humanos en el país.

Hicieron un papelón metiéndose en las elecciones de Estados Unidos, pero metieron la pata con Rusia y China de modo que no nos den créditos prometidos, o nos aumenten el interés.

Mantienen como presa política a Milagro Sala, pero reprimieron salvajemente la marcha de mujeres, quieren sacarle la personería gremial a los sindicatos docentes y que los maestros les digan de que partido político son, y por cual piensan ser candidatos.

Desistieron de las querellas contra los responsables civiles en los juicios por delitos de lesa humanidad y recibieron a Cecilia Pando, pero propusieron como representante en la CIDH a un abogado de represores.

Quisieron correr el feriado del 24 de marzo por DNU, pero nombraron a cargo de la Aduana a un tipo que dice que en la dictadura no hubo un plan sistemático de represión y violación de los derechos humanos.

Vetaron la ley anti-despidos y modificaron por DNU la de las ART, pero aprobaron la flexibilización laboral en Vaca Muerta, y dijeron que los despidos en AGR son ajenos a su competencia.

Aumentaron el gas, el agua y la luz, pero quisieron recortar las jubilaciones y quieren ponerle techo a las paritarias.

Proponían penar con cárcel a los que revelaran datos del blanqueo, pero publicaron el listado de los indemnizados por haber padecido secuestros, torturas y detenciones durante la dictadura.

Prometieron el "Plan Belgrano" que todavía no arrancó, pero lanzaron el "Plan Patagonia", que arrancó desmantelando la industria de electrónicos de Tierra del Fuego.

Les pagaron a los fondos buitres todo lo que reclamaban, pero se auto-perdonaron el 99 % de la deuda del Correo y quieren aumentarles a los docentes un 18 %, en cuatro cuotas.

Modificaron por decreto la ley del blanqueo para que pudieran entrar los familiares de los funcionarios, pero les dieron autorizaciones para operar servicios aéreos a sus empresas.

Sacaron el "Fútbol Para Todos", pero ampliaron el presupuesto en publicidad oficial, por casi la misma cifra que costaba.

Hicieron percha Encuentro, Paka Paka y Tecnópolis, pero llenaron de periodistas de TN y lameculos Radio Nacional y la TV pública, derrumbándolas estrepitosamente en audiencia.

Crearon una competencia ruinosa para Aerolíneas Argentinas, pero lograron que YPF perdiera plata por primera vez en 20 años y le están haciendo disminuir su valor.

Crearon un millón y medio de nuevo pobres, pero declararon la emergencia social.

El presidente no sabe cuanto gana un jubilado, pero considera ir a la escuela pública una caída.


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Premiaciones

El DNU con que Macri "premió" al juez a cargo de la filtración a CFK, plagado de irregularidades

En pleno escándalo por las escuchas a la expresidenta filtradas ilegalmente y ante el rechazo de la Bicameral, surgió una denuncia que asegura que la resolución que extiende el mandato de los jueces a cargo de las captaciones no es constitucional. Por ejemplo, no cumple el requisito de la rúbrica de todo el Gabinete: justo faltó la firma del titular de Justicia.

A horas de que la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario haya rechazado el decreto con que el presidente Mauricio Macri "premió" en febrero al juez a cargo de la filtración de la escucha a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la prórroga de su mandato, la Asociación Civil Abogados por la Justicia Social La Plata (AJUS) inició una acción de amparo en la que requirió la nulidad del DNU 102/2017 denunciando que está plagado de irregularidades.

La demanda, presentada el miércoles, a la que accedió en exclusiva Política Argentina de la AJUS al Estado Nacional por el DNU de Macri para "premiar" el favor de Martín Irurzun, y también prolongar el mandato de su número dos, Javier Leal de Ibarrase basa en tres graves irregularidades: en primer lugar, carece de argumentos de "gravedad institucional" necesarios para ameritar un decreto; en segundo orden, la causa de fondo sobre la que legisla la resolución "roza" con lo penal, y no no se puede regular lo penal a través de decretos; y en tercer lugar, y quizá fundamental, no está cumplimentado el requisito constitucional de que los DNU estén rubricados "en acuerdo general de Ministros", es decir por todo el Gabinete, ya que faltan las firmas de los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Justicia, Germán Garavano. O sea que no está avalado por el titular de la cartera de competencia de la cuestión que se pretende modificar.

"De modo que este Decreto de Necesidad y Urgencia constituyó, en los hechos, en una prórroga del mandato de las autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación decidida por el Poder Ejecutivo de la Nación, y que temporalmente "premió" al Dr. Irurzun por la filtración realizada durante su gestión, como Director General por el plazo que dura el mandato del Presidente de la Nación; lo que más allá de ser una situación reñida con la ética que debe primar en un Estado Democrático de Gobierno, repugna en su ontología a la división de poderes establecida en el artículo primero de la Constitución Nacional, al inmiscuirse en un ámbito propio del Poder Judicial de la Nación", explican en la demanda, para vincular el DNU de Macri con la filtración de las escuchas a CFK a medios cercanos al Gobierno.

Macri había transferido con el decreto 256 de diciembre de 2015 el DICOM a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el argumento de "reconocer su competencia para dictar los reglamentos pertinentes" y entender "que debía realizar los sorteos públicos pertinentes para designar a los Directores de esa Oficina". Además, señalaba que "la actuación judicial en esta materia se tornaba necesaria con la finalidad de asegurar los principios de transparencia y confidencialidad".

Según la demanda de la AJUS, que recayó ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12 a cargo Macarena Marra Giménez, "tan sólo un año después, el Gobierno Nacional modifica arbitrariamente e infundadamente los principios expresados en el propio DNU 256/15 que suscribiera el mismo Presidente de la Nación".

En esa línea, señalan que "mientras que en 2015 el Poder Ejecutivo entendía que la Procuración General de la Nación no resultaba lo suficientemente imparcial como para ejecutar las ordenes de intervención, ahora considera que dos magistrados designados por él mismo –o lo que es igual, cuyas designaciones fueran prorrogadas directamente por un DNU del Poder Ejecutivo, con nombre y apellido– sí resultan lo suficientemente imparciales para llevar a cabo tan delicada tarea, incluso luego de las filtraciones de la DICOM a su cargo".

Y agregan que entonces "resulta evidente el avasallamiento que el Poder Ejecutivo Nacional ha desplegado respecto a las garantías constitucionales" de los ciudadanos y el "resguardo de la intimidad".

En cuanto a las graves irregularidades a las que la acción de amparo apunta y según fuentes a las que accedió este medio, a lo largo del texto judicial explican que el DNU PRO no se basó en ninguna "necesidad ni urgencia", por lo cual "no tendría entidad" y que, por otra parte, "el tema de escuchas judiciales bordea la cuestión penal, y las temáticas penales no se pueden legislar por decreto".

Sin embargo, tal como fue desarrollado previamente, la mayor y más novedosa irregularidad parece ser la violación constitucional de que los DNU deben contar con el "acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlo conjuntamente". Ese fragmento, según diversos especialistas citados en la denuncia, significa que todos los ministros deben firmar los decretos.



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el 114 a los premios

El gobierno de los 114 ejecutivos

Norberto Alayón * (Especial para sitio IADE-RE) | El autor considera las derivaciones de un gobierno en el que participan más de un centenar de ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados que operan en el país.

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La Universidad Nacional de San Martín reveló en una investigación, coordinada por las doctoras Ana Castellani y Paula Canelo, que 114 ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados fueron designados en alguno de los 367 cargos de nuevos ministros, secretarios y subsecretarios que constituyen la estructura actual del Estado nacional.

Las investigadoras advierten sobre los siguientes riesgos que derivan de esta concepción neoliberal de asignar la conducción directa del Estado a los representantes y agentes de las grandes empresas: a) el sesgo antiestatal, antipolítico y pro-mercado que impregna la ideología de los CEO y gerentes; b) las deslealtades que traen al seno del Estado y del gobierno quienes desarrollaron sus trayectorias en el sector privado, aumentando la probabilidad de conflictos de intereses y la permeabilidad a las presiones de los actores económicos; c) las dificultades para cohesionar un cuerpo de funcionarios caracterizado por compromisos políticos débiles; y d) la extrapolación de criterios organizacionales propios del management a la administración pública.

Como uno de los ejemplos extremos de la pérdida de autonomía estatal, para defender los intereses del conjunto del país, se menciona a Juan José Aranguren, ministro de Energía de la Nación. Este expresidente y accionista de Shell, la gran empresa petrolera anglo-holandesa, tiene a su cargo definir el precio de los combustibles y otras variables determinantes para la actividad, donde él mismo tuvo y tiene intereses económicos que colisionan con el interés nacional de los argentinos.

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Carlos Pirovano es un licenciado en Economía que fue subsecretario de Inversiones del gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Entre 1983 y 1985 fue asesor en el Congreso Nacional del diputado Alvaro Alsogaray, representante del fundamentalismo neoliberal más recalcitrante. Ya en este siglo XXI fue Gerente de Máxima Afjp, la administradora privada de fondos de jubilación y pensiones del HSBC, el banco que tenía archivos depositados en el galpón de Barracas de la empresa Iron Mountain, perdidos durante un extraño incendio en 2014 (que produjo la muerte de ocho bomberos y dos rescatistas), en cajas que llevaban denominaciones como "lavado de dinero". Pirovano, que ingresó a la gestión macrista en la ciudad en 2007, impulsó precisamente el Distrito Tecnológico, una zona franca de impuestos y gravámenes para empresas, localizada en los barrios de Barracas y Parque Patricios. Justo en esa zona de exención impositiva se ubicó Iron Mountain, empresa a la que no le correspondía dado que no se dedicaba a ningún desarrollo tecnológico, sino al almacenamiento y depósito de documentos. En junio de 2016, Pirovano aparece como vicepresidente del Banco BICE y en enero de 2017 como director de "Garantizar", una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que opera en coordinación con el ministerio nacional de Producción que conduce el mendocino Francisco Cabrera.

El destacado funcionario Pirovano declaró en la Revista Energía, de octubre de 2014, que "la política de desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires es antitética a las políticas económicas que desarrolla el gobierno nacional. Nosotros no creemos que sea conveniente combatir o controlar la actividad empresaria. La actividad empresaria no se controla (subrayado del autor). La actividad empresaria se estimula y en todo caso se coordina, pero no se controla de ninguna manera".  

Previo a esto, en febrero de 2011, Pirovano también había incursionado sesudamente en el campo de la educación. En su cuenta de twitter escribió: "¿Y si asumimos que la educación pública está muerta y con esa plata le pagamos a los chicos una escuela privada?" Y añadió: "Les regalamos las escuelas públicas a los maestros, que dejarían de ser empleados públicos y podrían ser empresarios". Este referente macrista, que propuso la abolición de la escuela pública, en su afán twittero también afirmó que Arturo Jauretche "es fascista" y se preguntó por el peor presidente de la historia. Dijo, con inimputable sinceridad, "mi gorila interior cree que Perón".

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En el mes de noviembre de 2014 se llevó a cabo en Buenos Aires un encuentro organizado por un denominado Foro de Convergencia Empresarial. En ese evento, en el que participaron los directivos de las principales compañías del país, intervino el representante de la importante empresa argentina Techint (que tiene fijado su domicilio en Luxemburgo), la cual, presidida por el ítalo-argentino Paolo Rocca, se dedica a la fabricación de caños sin costura, destinados a la industria petrolera.

Con brutal desparpajo, el representante del Grupo Techint expresó que "El mercado le va a ganar al Estado" (subrayado del autor). Fantástica convicción que revela el posicionamiento ideológico-político de este tipo de empresarios que, a la par de lucrar con el Estado, simultáneamente se proponen debilitar y "derrotar" al Estado, si éste no se somete de manera dócil y cómplice para garantizarles sus enormes ganancias.

Seguramente, esos empresarios tenían en 2014 añoranzas de otros períodos, de otros gobiernos y de otros funcionarios que servían más puntualmente a los intereses de las empresas "argentinas". Debían extrañar al Dr. Juan Alemann, quien fue secretario de Hacienda del dictador militar Jorge Rafael Videla y del dictador civil José Alfredo Martínez de Hoz, cuando afirmaba con convicción que "… en definitiva, el Estado es el socio oculto de todas las empresas privadas".

En algunos momentos de la historia, el Estado opera como el "socio oculto" de las empresas privadas y en otros (como en 2017) como el "socio desfachatado" que ya no necesita disimular; momentos en los cuales los sectores del gran capital despliegan obscenamente sus enormes privilegios, con toda soberbia y hasta como si se tratara de un hecho "lógico y normal". Muchos empresarios "nacionales" se enriquecieron de manera exponencial e inimaginable con los negocios que encararon con el Estado o con la protección del Estado, especialmente durante la dictadura cívico-militar y luego con el menemismo (aunque también en otros períodos).

Sería muy ilustrativo constatar y reseñar, por ejemplo, la cantidad de empresas y de capital acumulado por parte del Grupo Techint o del Grupo Macri, antes y después de la dictadura de 1976-1983.

Estos sectores, hoy fuertemente encarnados en la conducción del gobierno nacional, no soportan la existencia de un Estado que tienda siquiera a regular los objetivos no idénticos entre el capital y el trabajo. Quieren un Estado que sólo exprese y defienda sus intereses, al cual puedan condicionar y hasta conducir para imponer con impudicia las reglas y las conveniencias del mercado. De ahí se desprende su desmedido y sistemático afán de debilitar a todo aquel Estado que intente ponerle límites a su voracidad.

Los 114 ejecutivos y CEOs que designó Mauricio Macri, no sólo convalidan la extendida expresión popular de que "Macri gobierna para los ricos", sino que confirma lamentablemente la pérdida de autonomía política y económica que deben constituir la esencia de un país independiente.

 

* Profesor Consulto de la UBA, ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA.



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Los dinosaurios ¿existen?

REPERCUSIONES DE LA CENA EN OLIVOS

Casero, furioso contra Mirtha Legrand: "Bien que se cagó en las patas con CFK"

Alfredo Casero, actor y defensor "a muerte" del macrismo, cargó las tintas contra la conductora que entrevistó al presidente Mauricio Macri el pasado sábado 18 de marzo en la Quinta de Olivos: "Mirtha Legrand tendría que tenerle un poco más de respeto al presidente de la república porque bien se cagó en las patas con Porota (por Cristina Fernández de Kirchner) y se escondió diciendo 'no, no quiero volver a la tele'". Enojado por haber dejado en ridículo al mandatario frente a los K, arremetió luego: A Macri lo voy a defender a muerte y si tengo que pegar un tiro para defender la República lo voy a hacer".



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