sábado, 29 de abril de 2017

ARRANCÓ AYER EN LA FACULTAD DE SOCIALES DE LA UBA EL FORO POR LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA

"Hay que pelear por la libertad de Milagro"
Organizaciones de derechos humanos y sociales debaten un documento sobre el retroceso desde la asunción de Macri.
Por Adriana Meyer
Estela, Taty, Lita, Charly y el ex preso político en Jujuy Iván Altamirano compartieron anoche la misma mesa. Fue en el auditorio de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA donde confluyeron Carlotto, Almeida, Boitano, Pisoni y referentes de la agrupación Tupac Amaru, para abrir el Foro por la Libertad y la Democracia que elaborará un documento unificado con el detalle de las violaciones a los derechos humanos en Argentina. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, junto a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S y otros organismos entregarán el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitará el país el 22 de mayo. "Tenemos que pelear por la libertad de Milagro Sala y sus compañeros, ella no va a perder su coraje como no lo perdimos nosotras cuando nos atacaron diciendo que hacíamos negocios y que no fueron 30 mil, tengamos confianza en nuestra juventud porque es como aquella de los 70 que dio la vida sin más interés que la justicia social", dijo Carlotto y agregó: "Hay relevo, los nietos son parte de nuestra comisión directiva, el día que no estemos estarán ellos".


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Nota Principal | El fiscal ante la Casación dictaminó que debe revocarse el fallo contra Milagro Sala
Una condena que tiene patas cortas
La presidenta de Abuelas miró hacia su derecha y dijo: "Voy a dar un ejemplo que lo tengo acá al lado, Carlos Pisoni estuvo en la única audiencia que nos dio el presidente Macri y cuando dio una respuesta absurda sobre el encarcelamiento de Sala, él le contestó 'si usted dice eso tendría que estar preso y no siendo un presidente', se lo dijo en la cara". Luego de los aplausos de un auditorio colmado, Carlotto enfatizó que "no nos van a derrotar, no pudo Videla menos va a poder este hombre, usamos bastón porque nunca nos arrodillamos".

Poco antes había hablado Altamirano, quien estuvo nueve meses detenido en una comisaría de Jujuy. "Este gobierno de Morales tiene la justicia comprada pero vamos a seguir peleando de pie, los políticos no quieren que surjamos porque demostramos que podemos transformar la realidad, terminar la primaria, construir barrios y piletas, y eso nos lo dio Milagro, nos dio dignidad", dijo. El acto había comenzado con las palabras del decano de Sociales, Glenn Postolski, quien destacó que "acá no cambiamos, seguimos estando a favor de libertad de los luchadores sociales". Tras la exhibición de un video que reflejó sucesivas represiones del macrismo a manifestaciones de protesta, Alejandro Garfagnini, de la Tupac Amaru, recordó que fue Carlotto quien luego del reciente aniversario del golpe de Estado de 1976 los interrogó sobre cómo seguir. "Hay que dar una respuesta a todos los atropellos que venimos sufriendo, somos más de 100 organizaciones que proponemos una gran movilización cuando venga la CIDH, porque Argentina va a repetir la foto que vivió en 1979", cuando el organismo internacional visitó el país en plena dictadura.

Junto a Madres, Abuelas e H.I.J.O.S estuvieron anoche la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Serpaj, entre otras agrupaciones, que también rindieron un minuto de aplauso en homenaje a Marcela Bordenave y Carlos Slepoy, fallecidos recientemente.

Almeida señaló sendas sillas vacías en la primera fila con los nombres de Milagro Sala y Nélida Rojas, detenida de la Tupac en Mendoza, y se dirigió al Gobierno de Cambiemos. "Dejen de violar los derechos humanos", exigió.

El relato del abogado Alfredo Guevara, que representa a los detenidos de Mendoza, sobre el hostigamiento que padecen conmovió al enérgico público militante. "Es constante, el hijo de Rojas duerme con la puerta abierta porque siempre lo allanan y ya no quiere que le rompan la cerradura, fueron a donar guardapolvos y la directora de un colegio los sacó con la policía, el barrio de la Tupac vive un estado de excepción".

Algunos estudiantes tomaron nota como si fuera una clase. "No es que seamos un ejemplo las Madres y las Abuelas pero tenemos la persistencia del amor y la seguridad del derecho que tenemos de seguir buscando lo que la dictadura nos robó, hijos y nietos. Esa convicción hizo que nos uniéramos hace ya cuarenta años porque cuando hay un objetivo común las diferencias no existen", podía leerse en el cuaderno de una chica ubicada casi en la última fila. Lo había dicho Estela Carlotto.

 



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¿Ciudad Juárez?

OPINIÓN
Por Mariana Carbajal
Esmeralda Herrera tenía 15 años la última vez que fue vista con vida, el 29 de octubre de 2001, en Ciudad Juárez, esa zona caliente de la frontera norte mexicana, plagada de maquilas y mafias narco, portal para la emigración legal e ilegal a los Estados Unidos por su estratégica ubicación exactamente frente a El Paso, Texas. Esmeralda trabajaba en un domicilio privado, como empleada doméstica. Cuando al día siguiente su mamá recurrió a las autoridades para presentar una denuncia por su desaparición, le dijeron que tenía que esperar 48 horas. El cadáver de Esmeralda fue encontrado, junto con otros restos humanos, una semana después, el 7 de noviembre de 2001. Por entonces, los informes daban cuenta de que por lo menos 285 mujeres y niñas habían sido asesinadas en Ciudad Juárez desde principios de 1993.

Ciudad Juárez se convirtió a comienzos de este siglo en un símbolo de la impunidad frente a los femicidios, a partir de las denuncias internacionales de ONG que alzaron su voz frente a la sucesión imparable de asesinatos de muchachas, víctimas en muchos casos también de violencia sexual. A las madres que denunciaban las desapariciones de sus hijas les decían que chicas como "ésas" mueren en todo el mundo, o "se fue con el novio", o "se drogó". Las pesquisas se dilataban, quedaban en la nada. Y los cadáveres seguían apareciendo.

Cuando la familia de Araceli Fulles denunció su desaparición el 2 de abril en una comisaría de San Martín, zona caliente del conurbano, en la fiscalía que intervino caratularon la causa como "averiguación de paradero". Como si se hubiera ido por propia voluntad. A los padres de Micaela García, en Entre Ríos, le habían dicho que lo más probable era que la joven se hubiera suicidado.

Por la falta de respuesta frente al femicidio de Esmeralda y de otras jóvenes cuyos cadáveres fueron encontrados en la misma fosa en Ciudad Juárez, en lo que había sido un campo algodonero, el Estado de México fue denunciando y condenado en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El histórico fallo fue conocido como Campo Algodonero.

En aquel momento, casi ningún medio –con excepción de PáginaI12– hablaba de los femicidios que se venían perpetrando en el país y de la problemática de la violencia machista: aquí mayoritariamente a manos de la pareja o ex pareja, pero atravesados por el mismo contexto de la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad. Ciudad Juárez parecía un paisaje lejano. Hoy corroboramos que los patrones se repiten. Cuerpos descuartizados de chicas del conurbano, enterrados bajo cal, descartados en bolsas de basura en baldíos y arroyos, donde la trama de la narcocriminalidad con protección policial parece el hilo que une estas muertes prematuras. Candela Rodríguez, la niña de 11 secuestrada en 2012; Melina Romero, de 17 años, en 2014; las cuatro adolescentes baleadas en Florencio Varela en febrero –Sabrina Barrientos, de 15, y Denis Juárez, de 14, que murieron masacradas, y sobrevivieron Némesis Nuñez, de 15 años y Magalí Pineda, de 16–; y ahora Araceli, por mencionar solo algunos de los casos que más resonaron en los medios. Las crónicas se ensañan con las víctimas y se regodean en el morbo, sin poner foco en el contexto de la violencia machista que es denominador común. Cuerpos usados y descartados.

El juicio por la muerte de Candela hace agua, a cinco años del crimen. Una exhaustiva investigación realizada por una comisión especial del Senado provincial determinó que "el espectacular accionar policial durante la búsqueda tuvo como objetivo responder a la presión mediática y desviar la investigación del verdadero territorio en que se desarrollaba el caso". Un botón de muestra. En la causa judicial por el femicidio de Melina Romero no quedan detenidos ni imputados. Tampoco en el expediente de las pibas baleadas en Varela: la causa ni siquiera tiene fiscal.

El cadáver de Araceli se encontró en la casa de Darío Badaracco, de 29 años, quien la había visto con vida por última vez. El joven declaró varias veces en la fiscalía a cargo de Graciela López Pereyra. En el camión del corralón donde trabaja Badaracco se encontraron rastros de ADN de la chica. Su domicilio ya había sido (mal) allanado, antes de que se hallaran sus restos ocultos bajo materiales de construcción. Un policía que participaba de los rastrillajes es hermano de dos de los siete detenidos en el caso. Otro botón de muestra.

La Corte IDH dijo en muchas oportunidades que los Estados tienen un deber de diligencia reforzado en casos de violencia de género, en función de las obligaciones que surgen de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén do Pará. ¿Cuántos operadores de la Justicia en el país la habrán leído y estudiado? ¿Cuántos la aplican? Tiene rango constitucional desde 2011.

"En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana (de DD.HH.) complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. (...) De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección", dijo la Corte IDH.

El Estado mexicano fue condenado por no investigar las desapariciones de mujeres y garantizar impunidad a sus autores. En el fallo de Campo Algodonero, el tribunal resaltó que, en cuanto toman conocimiento de la desaparición de una mujer o niña, las autoridades tienen el deber de iniciar de inmediato una búsqueda exhaustiva, y deben presumir que están con vida.

También están obligadas a considerar el contexto en el que ocurren los hechos. En Campo Algodonero, la Corte IDH consideró que existía una práctica extendida de violencia contra mujeres y niñas, y ese contexto exige "un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres". Si se atiende a un contexto de violencia generalizada contra mujeres, esa información advierte al Estado sobre el grado de riesgo que la situación acarrea (en consecuencia, el mandato de la Corte IDH busca evitar la minimización de esas denuncias).

Finalmente, también advirtió el Tribunal sobre el impacto negativo que tienen los estereotipos de género en el inicio de la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas. En ese sentido, consideró que la actitud de las autoridades que intervinieron, quienes habían realizado comentarios negativos sobre las víctimas y mostraron indiferencia hacia sus familiares, estaba influenciada por estereotipos de género, lo que contribuyó a reproducir la violencia que se pretendía atacar y constituyó "en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia".

Las chicas desaparecen. Las madres denuncian las desapariciones. La policía o la fiscalía desoyen las denuncias y no buscan a las chicas. Las encuentran tiempo después, ya asesinadas. Desechados sus cuerpos. Otras siguen desaparecidas. Como dictaminó la Corte IDH en el caso de Ciudad Juárez, también en esos casos el Estado es responsable.







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El viaje

PANORAMA POLÍTICO
Por Luis Bruschtein
Mauricio Macri buscó esta reunión con Donald Trump con una obstinación que hacía pensar en grandes resultados. No los hubo, no hubo acuerdos comerciales, ni inversiones concretas. Solamente ese encuentro de palmaditas y frases elogiosas del presidente norteamericano al argentino, que se mezcló con alguna cuota de humillación para el argentino: "me va a  hablar de limones y yo le voy a hablar de Corea del Norte". Son gestos. La sonrisa fiel de un Macri embelesado por Trump y el otro que miraba al frente y hablaba a los periodistas. No lo miró cuando le palmeó la rodilla con ese gesto fatal de paternalismo. Y muchas fotos de palmaditas en la espalda como quien acaricia una mascota. Pero todo eso para Macri fue un triunfo. Porque para un gobierno de derecha que provocó una crisis económica evitable, la única herramienta que le queda es un discurso de imágenes, gestos y golpes de efecto mediáticos. Macri no fue a buscar acuerdos, sabía que no los iba a conseguir porque los hubiera arreglado antes de viajar. Pero necesitaba esa fotografía con Trump y sus elogios. En el mundo Mauricio, los elogios del magnate inmobiliario norteamericano son gestos hacia el mundo de los negocios, que hasta ahora le ha sido más reacio que al kirchnerismo. Le palmean la espalda pero no le sueltan un peso. La política principal de un gobierno conservador no es lo que hace, sino lo que muestra. En esa línea reemplazó la poca repercusión de la visita en los diarios norteamericanos, con un suplemento pagado en The Washington Post. El suplemento de costo millonario se tituló "Argentina creciendo", cuando en realidad la economía está en un plena recesión.

Entre lo que hace y lo que muestra este gobierno necesariamente hay una distancia. Lo que muestra es una construcción virtual que muchas veces se contrapone con lo real. Lo central de su política es la comunicación y cuando toca un límite con esta herramienta y la realidad se hace presente, está la represión. Proyecta un escenario virtual mediático de prosperidad, honestidad y tolerancia que, a medida que se diluye en la realidad, va siendo reemplazado por la represión.

En las últimas semanas, la estrategia mediática del gobierno atacó a Roberto Baradel y a las maestras, después hubo operaciones mediáticas contra el Incaa y después otra contra Cristina Kirchner en Santa Cruz y ahora se plantea recrudecer la ofensiva contra la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Las operaciones mediáticas a través de las corporaciones de medios y de un escuadrón de periodistas oficialistas que funcionan como un bloque, siempre preceden y acompañan las estrategias del gobierno. Cambiemos puso ese mecanismo en el centro de sus estrategias cuando estaba en la oposición. La información se manipula de una forma parecida a lo que genera una turba de hinchas fanáticos en el fútbol.  

El tipo que acusó a Emanuel Balbo de ser hincha de Talleres, en la tribuna de Belgrano, funcionó como emisor: la conjunción del medio y el periodista. La hinchada que reaccionó frente al mensaje del emisor funcionó como receptor, como el público de un medio de comunicación. El mensaje fue elaborado por el emisor en función de lo que el receptor quería escuchar: pesó más en ese contexto la acusación de ser un hincha de Talleres infiltrado, que la de cómplice de un crimen. Balbo lo estaba acusando a los gritos de ser cómplice del crimen de su hermano pero pesó más la mentira de que era hincha de Talleres. Fue un duelo de mensajes, un duelo de comunicación, pesó más una mentira estúpida para la que el contexto estaba más receptivo, lo que la convirtió en catalizadora para que un grupo de gente común cometiera un asesinato.

En el contexto de la tribuna enfervorizada era más creíble y tenía más sentido la acusación absurda sobre un infiltrado de la hinchada rival, que la acusación de la víctima, más grave pero que no tenía nada que ver con el contexto. Emanuel Balbo, de 22 años, fue asesinado por una acusación falsa sobre un hecho estúpido cuando él creía haber encontrado al asesino de su hermano, que fue en definitiva quien propició su muerte.

La comparación del asesinato de Balbo con las campañas de difamación mediática produce cierto escozor en algunos periodistas, pero tanto una como la otra son formas de manipulación de la información. En el caso Balbo, una multitud, numerosas personas que quizás habían llevado una vida pacífica en sus trabajos y en sus familias, se convirtieron en criminales y cómplices de un asesinato por una información falsa cuyo emisor la supo insertar en un contexto determinado.

Las operaciones de los servicios de inteligencia tienen esa textura, elaboran el mensaje falso entrelazado con el contexto de manera que funciona como catalizador de una reacción social emotiva.

No importa que no se hayan encontrado cuentas de nadie de la familia Kirchner en el exterior, ni que no aparezcan pruebas de que la muerte de Nisman no fue suicidio. No importa que Baradel no tenga una hija de quince años cuando denunciaron que le había hecho un festejo faraónico. No importa que la denuncia contra Alejandro Cacetta y Pablo Rovito fuera trucha. Lo que importa es que con esa repetición crean en la tribuna la ilusión de la existencia de esas cuentas inexistentes, de ese crimen imposible, de ese desfalco mentiroso y hasta de la hija no nacida de Baradel. La tribuna toma esas mentiras como verdades cuya materialidad construyen ladrillo a ladrillo las corporaciones de medios y el bloque de periodistas oficialistas que funcionan en forma homogénea y muchas veces coordinada. Esa repetición y amplificación fomenta también la receptividad del contexto  igual que la tribuna de Belgrano en Córdoba cuando asesinaron al hincha Emanuel Balbo.

El ataque a Cristina Kirchner en la casa de Gobierno de Santa Cruz se produjo cuando la ex presidenta había anunciado que realizaría una gira por Grecia, Bélgica y Gran Bretaña, adonde fue invitada a exponer sobre temas de actualidad. La violencia del ataque y la hora en que fue realizado lo diferenció de las protestas de los estatales. Los partidos trotskistas se equivocan si creen que sacan algún rédito al mezclar el conflicto con esa agresión tan clara. Cada acción que proyecta a la ex presidenta tiene que encontrar otra acción más fuerte en su contra. Es la lógica de la propaganda oficial. Si no es un ataque entremezclado con el contexto de una lucha gremial, como en ese caso, es una nueva denuncia o una medida judicial que cuentan con la colaboración de algunos fiscales y jueces que claramente tienen esa tarea a su cargo.

Macri está convencido de que los problemas que ha tenido en la justicia por sus empresas y cuentas off shore y por los casos de conflicto de interés que se producen constantemente en su gobierno, se originan en la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Supone que no hubiera tenido fiscales inquietos metidos en sus asuntos si no estuviera la Procuradora y quiere su cabeza. Es un cargo disputado. Elisa Carrió, la tercera pata de Cambiemos y su casi segura punta de lista en la CABA, impulsa al fiscal José María Campagnoli, en este momento en el centro de las noticias por la investigación al jefe de la Policía Metropolitana, José Pedro Potocar. Mientras Campagnoli toma ese protagonismo, el oficialismo acentúa la campaña de difamación contra Gils Carbó con los consabidos cargos de corrupción y abuso de sus funciones. Carlos Balbín, el ex Procurador del Tesoro, renunció en forma imprevista, y si se quiere bastante sugestiva porque fue rápidamente reemplazado por Bernardo Saravia Frías, que fue abogado de las empresas del Grupo Macri. Y en otra área estratégica, como la Cámara Federal de Casación Penal, el oficialismo está tratando de imponer al ex ministro de Justicia de la gobernadora María Eugenia Vidal, Carlos Mahiques, funcionario y reconocido militante del PRO.

La ausencia de resultados positivos en la gestión limita al oficialismo a estas herramientas de difamación y control que empobrecen la política. Y la cercanía del proceso electoral hace que se potencien cada vez más. Todavía tiene que atravesar el accidentado proceso de discusiones paritarias para desembocar en unas elecciones de medio término que no tendrían tanta importancia, pero que el oficialismo entiende que terminarán de definir la imagen del país para las regaderas de lluvia de los fantasmagóricos inversores.



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Manual para vaciar una empresa fraudulentamente

NUEVO DICTAMEN DE LA FISCAL BOQUIN EN EL ESCANDALOSO CASO DEL CORREO ARGENTINO, UNA FIRMA DEL GRUPO MACRI
La fiscal descubrió un intento de vaciamiento de las cuentas de la concursada Correo Argentino hacia otras empresas del Grupo Macri. La maniobra quedó al descubierto cuando se cayó el acuerdo firmado por el Gobierno.

Mientras en los primeros meses del año pasado calentaba motores para la firma de un acuerdo con el Estado que implicaría una quita de casi la totalidad de la deuda del Correo Argentino, el Grupo Macri –a través de las controlantes Socma S.A y Sideco S.A– intentó el "vaciamiento" de las cuentas en dólares y pesos que estaban a nombre del concurso de acreedores para desviarla hacia otros de sus negocios. Así lo denunció la fiscal Gabriela Boquin en un nuevo dictamen que presentó en el caso que más daño hace a la imagen al gobierno de Mauricio Macri. Según el documento, la jueza del concurso, Marta Cirulli, llegó a autorizar cinco retiros de fondos por cerca de 10 millones de pesos. Pero después que Boquin reveló que se había firmado un acuerdo que consideró "abusivo" y "ruinoso" para las arcas públicas, se cortaron las autorizaciones. Cuando el Correo apeló, quedó la maniobra al descubierto.

En un dictamen que se conoció ayer a última hora, Boquin dice que considera que los retiros de dinero de las cuentas del Banco Ciudad fueron "improcedentes e injustificados". Además de deschavar los movimientos para obtener ventajas económicas con el dinero del concurso, denuncia a la jueza comercial Cirulli y pide la separación de la actual administración de la empresa Correo Argentino, que encabeza Jorge Irigoin, antiguo gerente de Socma con una relación histórica con el presidente Macri y su familia.  Advierte que proporcionó información falsa y ocultó otra relevante para el expediente.

Boquin hace notar que la jueza Cirulli venía negando esos pedidos de manera sistemática cada vez que se los había pedido el Correo, incluso el año anterior, 2015. De pronto, justo en 2016, cuando la empresa de los Macri ya empieza a encarar su demanda contra el Estado en reclamo de un resarcimiento (entre otras cosas por la supuestas consecuencias económicas producto de la expropiación en 2003) y cuando se avecinaba el acuerdo que no se había logrado en años (desde 2001) porque las sucesivas administraciones de gobierno rechazaban las propuestas de la empresa postal por inconvenientes, justo ahí comenzó a vaciar las cuentas.

El acuerdo por la deuda del Correo se firmó el 28 de junio del año pasado. La fiscalía fue notificada tres meses después, y finalmente lo objetó. Como ya se conoció, Boquin señaló en su primer dictamen que la deuda del Correo asciende al día de hoy a más de 4000 millones de pesos. Si no se hubiera frenado tendría cerca de la totalidad perdonada gracias a la aceptación del representante del Estado, que asistió en nombre del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa, siguiendo instrucciones –dijo– de sus superiores, lo que incluiría del ministro Oscar Aguad hacia arriba. Mientras tanto, a lo largo de 2016, el Grupo Macri fue obteniendo permisos para ir sacando la plata de sus cuentas: en marzo, en junio, en noviembre y en diciembre. El pedido de la audiencia para lograr el convenio fue en mayo. A comienzos del año pasado había en las cuentas del concurso 9.666.690 dólares y 27.866.097 pesos. Los retiros, afirma Boquin, fueron "en beneficio de otras empresas del grupo" y "en perjuicio para las cuentas del concurso".

Uno de los argumentos que la jueza utilizó para autorizar los retiros fue "el volumen de las erogaciones que la deudora debe afrontar mes a mes". Para eso se basó en el planteo de la empresa que, en rigor, está inactiva. La firma argumentó ante la jueza que los socios ya no estaban en condiciones de seguir haciendo aportes para su sostén y, en realidad, nunca aportaron nada. Sin embargo, utilizó parte del dinero extraído del Banco Ciudad para pagar mensualmente, oficinas por 144.000 pesos; 61,834 pesos de sueldos y cargas sociales; 113.000 pesos de gastos contables e informáticos y 65.000 de honorarios profesionales. Los inmuebles son alquilados en el mismo edificio donde se encuentra la sede de Sideco S.A (el llamado "rulero" de avenida Libertador). Son, más aún, cuatro oficinas en su mismo piso. Sideco Americana es la empresa controlante del Correo Argentino, y a su vez es controlada por Socma S.A.

El planteo es que el dinero que salía de las cuentas del concurso –y que posiblemente hubiera sido mucho más si la fiscalía no denunciaba el acuerdo "abusivo"– iba a parar a Sideco. El denodado interés por llegar a la homologación de un acuerdo por la deuda, para lo cual hacía falta la anuencia del Estado porque de lo contrario no alcanzaban las mayorías, es evitar la quiebra del Correo, que podría arrastrar a la misma situación a sus controlantes, Sideco y Socma, pilares del emporio empresarial de los Macri.

El dictamen de Boquin rastrea movimientos de años anteriores pero que  reflejarían conductas similares: por ejemplo, en 2007 Socma le vende al Correo acciones de Neficor SA, que tenía el 49 por ciento de Chery, para introducir en el mercado el auto Tiggo, con cláusulas de rescisión. Le pagan a Socma 2 millones de dólares, pero jamás les dio dividendos. Luego se agrega una transferencia por más de 900.000 dólares extras. Otra vez, señala la fiscal "un posible acto de vaciamiento de la concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma".

Franco Macri tiene un usufructo vitalicio de las acciones de Socma y por ende de Sideco y el Correo Argentino. Fuera de esa función, sus acciones fueron cedidas a sus hijos. Mauricio, en 2009, se las traspasó a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco. Es decir, toda la familia. Excepto el Presidente que no figura en los papeles.  

El nuevo planteo de Boquin llega en un momento caliente para el expediente ya que la semana pasada el Gobierno echó al procurador del Tesoro Carlos Balbín, representante de los abogados del Estado, quien tuvo que empezar a intervenir debido –curiosamente– al decreto sobre conflicto de intereses que firmó Mauricio Macri a raíz de este escándalo. Lo que sucede es que Balbín firmó una auditoría el 10 de abril último que no resultaría lo que se dice un bálsamo de alivio y felicidad para el Gobierno. En función de ella, además, preparaba un dictamen en el que plantearía que los términos del acuerdo del año pasado eran irregulares o por lo menos desventajosos. Balbín sería el que ocuparía de ahora en más el lugar que tenía como representante en el caso el Ministerio de Comunicación. Su reemplazante, Bernardo Saravia Frías, lideró un estudio jurídico que representó al Grupo Macri.

El dictamen que ahora plantea el vaciamiento llegará también a la Cámara Comercial, que integran para este caso María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, quienes vienen actuando desde hace varios años en favor del paso del tiempo. Tuvieron el expediente, sin decisión alguna, desde 2011, denuncias mediante del ex Procurador general de la nación Esteban Righi. Balbín debía presentarse  en la Cámara, entre otras cosas, para opinar sobre los 120 días de suspensión del trámite que pidió el Estado Nacional, a medida de los deseos del grupo empresario y como para intentar desinflar el tema que resultó de tanto impacto durante el período de campaña electoral. Hasta ahora la mayoría de los síndicos lo admitieron. El nuevo procurador deberá opinar, y en este punto falta un dictamen también de Boquin.

La fiscal, quien ya sufrió el año pasado un robo de una copia completa del expediente del baúl de su auto frente a la puerta de su casa, volvió a sufrir un episodio similar: fue forzada la cerradura del vehículo. La diferencia es que esta vez tenía custodia policial.



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