lunes, 15 de mayo de 2017

BICICLETA FINANCIERA CON LA PLATA DE LOS JUBILADOS

Publicado por La Corriente Kirchnerista de Santa Fe


Por A.C.

Como se publica en los medios, el Gobierno de Macri dispuso la emisión de una Letra del Tesoro en pesos por un monto de hasta 16.825 millones de pesos, a un año de plazo, a ser suscripta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Esto quiere decir que a través de ANSES, con sus fondos, con el dinero de los jubilados, se emite una letra para que el Gobierno tome un préstamo del mercado, el que deberá ser reintegrado en el plazo de un año. Al monto a reintegrar, hay que agregarle un interés astronómico del 30,5 % anual, es decir que por cada $100 tomados, se devolverán más de $130 en solo doce meses.

Según la Resolución 69-E publicada en el Boletín Oficial, ésta Letra tiene fecha de emisión el 11 de mayo de 2017, y la suscripción será en uno o varios tramos y devengará intereses a una tasa variable más cinco puntos básicos, los que serán pagaderos trimestralmente.

Y como se establece que la tasa variable será el equivalente al promedio de las tasas de interés de pases pasivos a siete días que publica el Banco Central, es interesante ver que al09/05/2017, la tasa de pases pasivos promedio a 7 días (TNA) asciende a 25.50 %. 
Si a esa tasa se le agregan cinco puntos más, como establece la Resolución 69-E, se alcanza entonces el astronómico interés anual del 30,5%.

Mientras el gobierno de Macri implementa una política económica que destruye la producción y el empleo, reduce el mercado interno y toma medidas como la eliminación de retenciones a las exportaciones, se disminuyen los niveles de recaudación. Y mientras se privilegia la actividad financiera especulativa con toda clase de facilidades y eliminación de controles, ante la baja de recaudación, el gasto fiscal y cuasi fiscal llega a niveles inmanejables, y se cubre a través de la toma de deuda externa en dólares.

Una solución poco inteligente, que además no es eterna, y que empieza a tener limitaciones ante el volumen de la enorme deuda ya tomada desde diciembre de 2015 y de los servicios de la deuda tomada por Macri que hay que empezar a afrontar. Y entonces aflora el pensamiento mágico monetarista para detraer recursos de ANSES como fuente de financiamiento del déficit que genera el gobierno macrista.

A esto se le suma que éste gobierno, ha emitido un volumen de Letras del Banco Central (Lebacs) que hoy superan los 700.000 millones de pesos, y que por lo tanto resultan técnica y operativamente impagables. No alcanzarían las reservas netas del Banco Central para abonar el monto de Lebacs que hay en el mercado. Por eso, en cada vencimiento de éstas letras, los bancos privados -principales tenedores de las mismas- son quienes les exigen al Banco Central un altísimo interés para renovarlas, y de ese modo la bola de nieve financiera se incrementa semana a semana.

En éste marco, el gobierno se endeuda más aún, ahora con ésta nueva Letra del Tesoro suscripta por ANSES por 16.825 millones de pesos, es decir por 1.062 millones de dólares al cambio actual de $15,84. Los números de éste nuevo endeudamiento son los siguientes:

Se toma deuda por $ 16.825 millones de pesos, es decir por $1.062 millones de dólares. Con un interés del 30,5% anual. Intereses en Pesos: $5.131 millones. Si se convierte el préstamo a dólares, los números son escalofriantes: Intereses sobre $1.062 millones de dólares al 30,50% anual: 323 millones de dólares de interés anual.

Es decir casi 27 millones de dólares de interés por mes, que representan más de un 2,50% MENSUAL de interés en dólares. No existe economía en el mundo que pague éstos intereses ni que pueda soportar este nivel de especulación financiera.

Y ahora el gobierno, en su camino de endeudamiento compulsivo, incorpora a la ANSES como herramienta de financiamiento de su inviable política económica. Paralelamente, continúa vaciando de recursos al organismo a través de la venta de las acciones pertenecientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Por éste camino, hay serias probabilidades que los jubilados terminen teniendo que almorzar los papeles de las letras que emite el gobierno de Macri. No sería la primera vez, ya que con los mismos protagonistas como Bullrich y Sturzenegger, todos recordamos como terminó la historia en el año 2001.


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Endeudadores seriales

En el Boletín Oficial de hoy está publicado el Decreto 334 (completo acá), por el cual se autoriza la toma de nuevo endeudamiento externo por un importe de 20.000 millones de dólares; que se sumarán a los más de 77.000 millones de deuda ya tomados (contando la pública nacional y de las provincias y la deuda privada de empresas) tomada desde que Macri llegó al gobierno.

El decreto contiene -una vez más- la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales de Nueva York y Londres, y obviamente dispone la aplicación de las legislación de los EEUU y el Reino Unido para regir las relaciones entre el país y los futuros acreedores suscriptores de los bonos.

Y al igual que los Decretos 29 y 231 de enero y abril de éste año, respectivamente, el país renuncia a su inmunidad de jurisdicción soberana para que los acreedores persigan judicialmente el cobro de sus acreencias; con límites en esa renuncia de los que son excluidos los bienes que están fuera del comercio y los que corresponden al dominio público del Estado (artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial), pero no así los de su dominio privado (artículo 236).

Lo cual supone que, en cuanto correspondan a la jurisdicción del Estado nacional (que es el que emitirá los 20.000 millones de dólares de nueva deuda), quedan afectados como garantía del pago de la deuda: "a) los inmuebles que carecen de dueño; b) las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Mineríac) los lagos no navegables que carecen de dueñod) las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros; e) los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título.". (las negritas son nuestras)

Quedan a salvo los recursos naturales cuyo dominio originario corresponde a las provincia conforme al artículo 124 de la Constitución, siempre y cuando éstas no opten por introducir cláusulas similares en los prospectos de sus respectivas emisiones de deuda. Podrían quedar comprendidas también -por ejemplo- las acciones del Estado nacional en YPF, o los derechos económicos derivados de los contratos de explotación petrolera que la empresa tiene otorgados en diferentes provincias.

La misma medida ya dispuesta por los decretos antes mencionados dio lugar a una denuncia penal en la justicia contra Macri y sus funcionarios, lo que por lo visto no los ha amedrentado mucho que digamos.

Como si la reiteración de estas cláusulas lesivas para el patrimonio nacional no fuera de por sí suficientemente grave; el gobierno de Macri profundiza la política de endeudamiento que ya está agravando el cuadro del deterioro de las cuentas fiscales, por el peso creciente de los servicios de la deuda, poniendo en tela de juicio su capacidad de pago futura.

Por no mencionar que buena parte del endeudamiento termina financiando la fuga de capitales y la bicicleta financiera, que están destruyendo la economía nacional.

En esto como en tantas otras cosas, todo parece indicar que el gobierno de "Cambiemos" no tiene "Plan B".


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EL PROYECTO DE CREAR UN REGISTRO PÚBLICO DE VIOLADORES (un proyecto electoralista)

Una propuesta que promete más polémica que soluciones
El proyecto de un registro de violadores presentado por Cambiemos contó con dictamen de mayoría en tres comisiones de Diputados y ya puede ser tratado. Denuncian que se sostiene en estadísticas inexistentes y que es una propuesta electoralista.                              Por Mariana Carbajal
La Cámara de Diputados avanza con el tratamiento de un proyecto que crea un registro público de condenados por violación y otros delitos contra la integridad sexual, para que cualquier persona pueda consultarlo en la comisaría de su barrio y conocer así la identidad, el domicilio real y el laboral y una fotografía –que deberá actualizarse cada 3 años– de quienes hayan sido sentenciados, y recuperen su libertad. La iniciativa forma parte de un paquete legislativo que impulsó en las últimas semanas en el Congreso el oficialismo, al calor de la conmoción social que causó el femicidio de Micaela García y que parecen más intentos de maquillaje que una respuesta seria a un problema complejo. En la opinión pública, entre funcionarios y legisladores está instalada la creencia de que se trata de delincuentes con un alto índice de reincidencia. Pero lo cierto es que no hay estadísticas oficiales en el país que certifiquen esa afirmación. ¿Qué muestran algunas investigaciones sobre ese punto? Los registros de este tipo se fundamentan en la idea de que la difusión pública implica prevención. ¿Sirven efectivamente para proteger a la población? A través de  distintas voces e investigaciones, PáginaI12 intentó encontrar respuestas para aportar elementos a la discusión de un tema por demás sensible.

Datos de los condenados
El proyecto fue presentado por el diputado Diego Mestre (UCR-Cambiemos). La última semana recibió un amplio apoyo en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, donde obtuvo dictamen de mayoría. Lo firmaron legisladores de casi todos los bloques, incluido el FpV-PJ. Diana Conti pidió que los datos no sean publicados en el sitio web del Ministerio de Justicia, como planteaba el texto original, sino en cada comisaría. Es decir, los datos serán públicos, porque cualquier ciudadano podrá pedirlos, pero no publicitados, una diferencia que podría derivar en reclamos de inconstitucionalidad. La información de cada condenado deberá estar disponible por 20 años. La iniciativa está en condiciones de ser tratada en el recinto.

El porqué del rechazo
El objetivo es "crear un sistema de alertas a la población para los condenados por este tipo de delitos", detalló durante el plenario la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy). Mestre aclaró que el proyecto permitiría que "los habitantes de todo el país puedan acceder y ver la información sobre condenados por delitos de abuso sexual con o sin acceso carnal", al advertir que se trata de un delito "que tiene alto índice de reincidencias". Lo cierto es que no hay estadísticas oficiales sobre reincidencia en este delito (ver aparte).

Estadísticas que desmitifican
Por Mariana Carbajal
La violación es uno de los delitos más repudiados por la sociedad. Por esa razón puede resultar incómodo cuestionar el proyecto. Se corre el riesgo de que la postura se malinterprete como una defensa de los agresores sexuales. Nilda Garré del FpV-PJ, por un lado, y Pablo Sebastián López, del FIT, por otro, directamente expresaron su rechazo al proyecto, con distintos argumentos, que sobre todo apuntan a señalar que el registro no va a ser una herramienta efectiva para evitar las violaciones y que no es más que un proyecto oportunista, en un año electoral, frente a un problema muy complejo.

Informe lapidario
Por Mariana Carbajal
También ofrecieron otras miradas sobre la utilidad del registro el diputado Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, quien alertó que podría funcionar como "una incitación a la justicia por mano propia" y firmó un dictamen de minoría (ver aparte), y Ana Copes, del Partido Demócrata Progresista, que presentó una disidencia parcial.

Para la diputada Garré se trata de una propuesta que "no sirve para nada". "No sé bien qué podría hacer una persona para protegerse con la información que pueda suministrar el registro. Habitualmente recomendamos a nuestros hijos e hijas, y  nietos que no vayan o hablen con desconocidos. Lo que puede generar es que se tengan más miedo, y en consecuencia que haya reacciones violentas. El Estado tiene la obligación de ofrecerles a las personas condenadas por estos delitos un abordaje terapéutico, como prevé la ley, pero sabemos que no se hace. El Estado se borra. El Patronato de Liberados no tiene presupuesto. Por otra parte, la mayoría de los abusos sexuales se dan en el seno del hogar y no se denuncian. Con este proyecto estamos dando un chupetín. Son delitos complicados y la única forma abordarlo es ofreciendo algún programa especial de tratamiento", opinó Garré, consultada por este diario.

Recién el año pasado se implementó un proyecto del Servicio Penitenciario Federal –iniciado durante la gestión del ex ministro de Justicia Julio Alak– por el cual se creó el Programa para Ofensores Sexuales (POS) en el penal de Senillosa, en Neuquén. El traslado de los reclusos hacia esa cárcel es voluntario. Habrá que esperar la evaluación de sus resultados. Hay otra experiencia piloto en la Unidad Penal N° 1 de Viedma, Río Negro, donde en 2015 se puso en  marcha un Programa de Tratamiento Penitenciario para Personas Condenas por Delitos de Índole Sexual. En el resto de las cárceles provinciales, los condenados por violación están separados del resto de los convictos porque suelen ser acosados y atacados. Lo habitual es que la asistencia que reciben sea voluntaria, es decir, a pedido, y a veces se reduce a una entrevista de apenas 5 minutos, pero no hay abordajes específicos y estructurados. Aunque una reforma a la Ley de Ejecución de la Pena –aprobada en 2012, tras otro femicidio que causó gran conmoción social– obliga al Estado a implementar distintos dispositivos para evaluar la situación de los condenados por violencia sexual y someterlos a un seguimiento específico, junto con el cumplimiento de su condena. Entre las exigencias previas a la concesión de una libertad anticipada para condenados por agresiones sexuales, se estableció la necesidad de elaborar un informe especial por parte de una comisión interdisciplinaria y se estableció el acompañamiento de un equipo especializado durante el periodo en que la persona se encuentre en libertad. Poco o nada se cumple.

En su rechazo al proyecto del diputado Mestre, López, del FIT, dijo que "el argumento de los altos índices de reincidencia no cuenta con fundamentación sólida". En Argentina, una de las pocas investigaciones conocidas fue realizada por la perito forense argentina Irene Corach, a través de un programa de Extensión de la Facultad de Psicología de la UBA, sobre los 171 casos que estaban bajo supervisión de los 3 juzgados de Ejecución de la Pena de la Ciudad de Buenos Aires entre noviembre de 2009 y enero de 2010. De ese total, el 15 por ciento había sido condenado previamente por otro delito. Pero de ese 15 por ciento –que era reincidente–, 6 personas –es decir, un 5 por ciento de la muestra total– tenía condenas previas por un delito contra la integridad sexual. "Hay que tener en cuenta que en este tipo de delitos entra un abanico grande de conductas, desde abuso sexual simple, agravado, exhibición sexual obscena, corrupción de menores, facilitación de la prostitución ajena", señaló Corach a PáginaI12, quien actualmente se desempeña en los tribunales de Viedma. Lo que sí observó de esos 6 reincidentes es que la naturaleza del delito de la nueva condena era más violenta que el anterior.

–¿Qué se debe hacer con las personas condenadas por violación? –preguntó este diario.

–Cualquier psicólogo que trabaje en estos temas debería comprometerse, pensar y sostener hasta el fin que se puede cambiar la conducta. Es una cuestión de ética profesional. He visto funcionar tratamientos, como el que se está llevando adelante en la Unidad Penal N° 1 de Viedma. Hay un equipo interdisciplinario que trabaja con ofensores sexuales. Tienen armado un dispositivo, con pautas de ingreso, de diagnóstico y de seguimiento, que comparten con el Patronato de Liberados. Tienen 50 casos. Comenzaron a trabajar en 2015. Hasta el momento no registran ninguna reincidencia. No puedo decir que no va a haber reincidencia. Si puedo decir que se tiene que intentar.

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Gerardo Morales no sera olvidado


http://www.eldestapeweb.com/vomitos-sangre-fracturas-y-amenazas-asi-torturan-milagro-sala-y-sus-companeras-la-carcel-jujuy-n28814
Intimidad de la violencia que sufre la presa política en la provincia gobernada por el radical Gerardo Morales. La Corte debe definir si la libera o no.

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